Las operadoras de telecomunicaciones cargan con todo el peso de mantener en marcha el sistema de bloqueos que impide a sus clientes acceder a destinos en internet que han sido declarados ilegales.
Los usuarios de internet en Italia han vivido durante el fin de semana un esperpéntico evento que ha dejado a todo el país sin acceso al servicio de almacenamiento Google Drive, debido a una orden de bloqueo que perseguía impedir el acceso a algunos archivos.
El pasado mes de junio descubrimos los primeros indicios de que LaLiga había iniciado una campaña dirigida directamente contra usuarios particulares consumidores de fútbol. El abogado especializado en propiedad intelectual, David Maeztu, confirmó que varios de sus clientes en el País Vasco y Ciudad Real habían sido los primeros en recibir una carta firmada por LaLiga donde se les acusaba de haber utilizado su conexión a internet para acceder a servidores IPTV piratas.
Google declaró en 2014 que usar HTTPS era un factor de posicionamiento en los resultados de búsqueda, desatando el cifrado masivo del tráfico web. Diez años más tarde, el 99% de la web está protegida con el protocolo TLS (Transport Layer Security).
Javier Tebas, presidente de LaLiga, participó el pasado lunes en el encuentro Fórum Europa en Madrid. En su intervención adelantó1 que España está entre los países donde la asociación deportiva va a iniciar acciones legales contra Google en forma de querella criminal por "colaborar con la piratería".
El filtrado del acceso a contenidos ilegales desde las redes de las operadoras de telecomunicaciones españolas sigue creciendo con fuerza. Según el último Informe de Transparencia de Telefónica, el bloqueo afecta ya a 14.118 direcciones URL, de las que 10.704 están prohibidas por violar la propiedad intelectual, un 43% más de las que había un año antes.
La presión de la administración sobre las operadoras de telecomunicaciones para bloquear el acceso a sitios ilegales en internet sigue en aumento, con un 47% más de direcciones prohibidas durante 2023 sólo en la red de Movistar.
La web del popular reproductor de streaming P2P AceStream y de la app para televisores Smart IPTV vuelven a estar accesibles para los usuarios en España tras 2 años de bloqueo ordenado por LaLiga y Telefónica.
LaLiga inicia una campaña de recaudación enviando cartas certificadas donde pide el pago de 450€ como indemnización a los titulares de las líneas de fibra desde donde se ha accedido a plataformas de fútbol pirata.
LaLiga consigue que Google elimine un artículo donde ejercíamos nuestro derecho a informar, revelando en primicia su acusación ante la Comisión Europea contra 85 aplicaciones para móviles que permiten reproducir listas IPTV.
La apisonadora antipiratería de la industria del fútbol se cobra un nuevo trofeo. En esta ocasión no se trata de una web pirata, sino del sitio oficial de la app Smart IPTV, a pesar de que su web aclara que es "solo un reproductor sin canales incluidos".
La amenaza de bloquear apps y webs aumenta la sensación de inseguridad entre los usuarios y aumenta el interés por contratar servicios de VPN, según muestra Google Trends y confirma Proton VPN.
La justicia lleva el bloqueo de contenidos ilegales a un nuevo nivel al obligar a las operadoras de telecomunicaciones en España a que impidan el acceso al servicio de mensajería de Telegram. La orden se produce tras no conseguir que sus responsables de la app faciliten la información solicitada por el juez sobre los contenidos compartidos en sus canales sin permiso. La medida ha sido cancelada en el último momento.
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, desvela el uso que piensa dar a la nueva autorización judicial que le permite enviar a las operadoras un listado de servidores y obtener la identidad de los usuarios que acceden a ellos.
La maquinaria antipiratería de LaLiga consigue por primera vez y con el respaldo de la justicia, acceso a los datos personales de clientes de las operadoras de telecomunicaciones, cuya línea se ha utilizado para acceder a servicios IPTV de fútbol ilegal. La intención es demandar a usuarios particulares que ceden su señal.
El Ministerio de Cultura trabaja en definir un mensaje estandarizado que las operadoras mostrarán al usuario cuando intente acceder a una web bloqueada por las autoridades, redirigiendo su navegación hacia un portal que ofrece alternativas legales.
