LaLiga inicia una campaña de recaudación enviando cartas certificadas donde pide el pago de 450€ como indemnización a los titulares de las líneas de fibra desde donde se ha accedido a plataformas de fútbol pirata.
Autorización judicial que hace posible identificar usuarios finales
El pasado mes de marzo internet en España se revolvía al conocerse que LaLiga había conseguido una autorización judicial que le permite pedir a las operadoras de telecomunicaciones información personal de clientes, con el fin de identificar a los que desde su conexión han accedido a servidores IPTV en internet utilizados para transmitir fútbol pirata. La noticia era preocupante, puesto que aparentemente se trataba de la primera ocasión en la que se apuntaba de forma directa al usuario final en vez de a las redes de difusión intermediarias.
Esta resolución judicial obliga a Telefónica, Vodafone, Orange, MásMóvil y Digi a entregar datos identificativos de los titulares de contrato del servicio de acceso a internet, junto con la dirección de instalación de la línea, de aquellos clientes que según los logs de acceso conservados por las operadoras, han accedido a una relación de direcciones IP y puertos de los servidores reportados por LaLiga.
El juez entendió que estos clientes no eran "meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales", sino que son clientes que reciben la señal audiovisual mediante cardsharing y la reenvían hacia los servidores, quienes se encargan de difundirla al resto de espectadores abonados a servicios IPTV ilegales. El objetivo era por tanto identificar a usuarios que se lucran cediendo su señal.
Aunque en los medios leímos algunos titulares tremendistas que hablaban de multas por el simple hecho de ver fútbol pirata, el Consejo General del Poder Judicial intentó transmitir tranquilidad con una poco habitual nota de prensa donde aclaraba la intención real de la resolución.
A pesar de la polémica, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, dejó claro en Twitter que para él "tan ladrón es el que emite la señal pirata como el que la ve" y dejo entrever cómo la autorización judicial hacía posible llegar hasta el consumidor final:
LaLiga facilitará a los operadores las direcciones IP que transmiten contenido ilegal, sin importar ubicación y estas comunicarán a LaLiga los usuarios que acceden a estas IP.
Campaña de cartas de LaLiga
Tres meses después de la resolución descubrimos que el lobo era tan feroz como lo pintaban. El abogado especializado en propiedad intelectual, David Maeztu, confirma en Twitter1 la llegada de una remesa de cartas enviadas por LaLiga a usuarios particulares identificados gracias a esta autorización judicial. Por el momento hay varios casos en el País Vasco y en Ciudad Real.
En la misiva, se les informa a los destinatarios que según la información facilitada por su proveedor de internet, se ha podido corroborar que desde su red doméstica se han realizado conexiones con una plataforma pirata que retransmitía fútbol. Se detalla la dirección IP del usuario y la del servidor pirata. Además se precisa exactamente la jornada y partidos que se han visualizado.
Maeztu confirma que, en efecto, LaLiga está utilizando la información obtenida gracias a la autorización judicial para actuar contra usuarios finales.
Es decir, se trata de un mero usuario conectándose a un servicio. Así que sí, pretenden ir contra usuarios finales al menos en una demanda de conciliación previa, que no es lo mismo que una demanda con tal.
La LaLiga ofrece a los usuarios un acto de conciliación para evitar ir a juicio donde pone tres condiciones: Admitir que "a través de su red de internet se propició un acceso ilícito a los contenidos audiovisuales de LaLiga", cesar de inmediato la conducta comprometiéndose a "restringir el acceso desde su red a las IP dominios y webs que permiten el acceso ilícito" y por último, el pago de 450,16€ en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
Para Maeztu, resulta preocupante que el auto donde se pide la colaboración de las operadoras está fechado en febrero, sin embargo, la carta hace referencia a las jornadas 32 y 36 de la Primera y Segunda División respectivamente, encuentros que se produjeron en abril. Esto implica la "monitorización permanente de los usuarios desde las operadoras con fines prospectivos", en vez de para localizar hechos producidos antes de la resolución judicial.
