El presidente de LaLiga, Javier Tebas, desvela el uso que piensa dar a la nueva autorización judicial que le permite enviar a las operadoras un listado de servidores y obtener la identidad de los usuarios que acceden a ellos.
El juez ha respaldado a LaLiga para que pueda solicitar a las principales operadoras de telecomunicaciones los datos personales que permitan identificar a usuarios particulares que colaboran con las redes de piratería de fútbol. Dado que en un primer momento solo algunos medios recibieron el auto judicial, la información que se publicó fue la interpretación del texto que estos hicieron. Así, leímos titulares como "Multazo a quien vea fútbol pirata" o que "Los usuarios que consuman fútbol pirata podrán ser multados".
El CGPJ aclara que el propósito es identificar cardsharers
El debate público ha sido tal que hasta el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han tenido que salir al paso publicando sendos comunicados para aclarar el espíritu de la decisión judicial. Así, la nota del CGPD1 específica que la petición de LaLiga es la identificación de "cardsharers que re difunden a terceros la señal y obtienen un lucro con ello", precisando que esto no incluye a los que simplemente ven el fútbol sin pagar. La petición de LaLiga es un paso previo a la demanda que prepara contra los usuarios identificados, por lo que el CGPD precisa que "las eventuales futuras demandas que derivasen de estas diligencias preliminares solo podrían ir dirigidas contra los “cardsharers” que re difunden señal para obtener un lucro".
Los planes de LaLiga con la nueva autorización judicial
Sin embargo, el plan de LaLiga es otro. El propio presidente de LaLiga, Javier Tebas, se ha mostrado en su cuenta de Twitter2 enfadado con estos comunicados, añadiendo que para él son ladrones tanto los que emiten fútbol pirata como los que lo consumen:
El auto dice lo que dice. Aunque algunos siguen empeñados en lo contrario. Por cierto, qué ganas de seguir apoyando conductas ilegales. Tan ladrón es el que emite la señal pirata como el que la ve o la compra a precios irrisorios. Ver contenidos piratas=robar=ladrón.
En respuesta los comunicados de los jueces, desde el departamento de prensa de LaLiga publican una nota3 donde se limitan a reproducir las dos partes del auto judicial con las que se quedan. Por una parte, el auto faculta a la LaLiga a facilitar a las operadoras "las direcciones IP y puerto de los servidores" piratas y por otra estas simplemente deben responder con la IP, titular y dirección de la línea de los clientes que accedieron a ellos.
Tebas explica en un tuit como piensan emplear este simple mecanismo:
LaLiga facilitará a los operadores las direcciones IP que transmiten contenido ilegal, sin importar ubicación y estas comunicaran a LaLiga los usuarios que acceden a estas IP.
La intención parece ser utilizar la facultad que le han dado los jueces, no solo para el propósito declarado inicialmente de perseguir a los que comparten la señal o las claves CCCAM/IKS, sino para identificar a todo el que accede a servidores que "transmiten" contenido pirata, lo que podría incluir a los usuarios particulares que lo hacen para su consumo personal.
El auto no contiene ningún listado concreto de servidores, por lo que queda a discreción de la LaLiga decidir qué direcciones IP estarán en él, de forma que nos encontramos con una nueva y poderosa herramienta respaldada judicialmente y a disposición de LaLiga para perseguir la piratería bajo sus propios criterios.
Utilizar una autorización judicial con un criterio distinto a la que la motivó no es nuevo. Con el inicio de la temporada de fútbol, LaLiga y Telefónica consiguieron el respaldo del juez para mantener un listado con inicialmente 78 webs, que las grandes operadoras deben bloquear, y al que semanalmente se añaden nuevos dominios similares. Este poder ha permitido a LaLiga colar entre los dominios prohibidos, el del popular reproductor P2P AceStream, a pesar de que no contiene ningún tipo de contenido audiovisual. De esta forma, LaLiga aprovecha la confianza del juez para acabar con una herramienta neutral y de propósito general, que es también utilizada por los piratas para difundir fútbol sin permiso.
