La justicia lleva el bloqueo de contenidos ilegales a un nuevo nivel al obligar a las operadoras de telecomunicaciones en España a que impidan el acceso al servicio de mensajería de Telegram. La orden se produce tras no conseguir que sus responsables de la app faciliten la información solicitada por el juez sobre los contenidos compartidos en sus canales sin permiso. La medida ha sido cancelada en el último momento.
El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional aprobó el viernes 22 de marzo de 2024 las medidas cautelares que solicitaban Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus+, para bloquear temporalmente la aplicación de mensajería Telegram, por estar siendo usada para difundir sin autorización sus contenidos protegidos por derechos de autor. Las cadenas de televisión pedían esta medida mientras se lleva a cabo la investigación de los canales denunciados.
El juez instructor, Santiago Pedraz, habría requerido información a la sociedad que gestiona Telegram, sin haber recibido respuesta, por lo que ha optado por ordenar a las operadoras de telecomunicaciones que bloqueen el acceso a los servidores que mantienen el servicio, según publica Europa Press1. El País añade2 que Telegram se habría negado a facilitar la información solicitada, probablemente relacionada con la identidad de los participantes de los grupos.
La sociedad que se encarga de la mensajería de Telegram está desde 2017 domiciliada en Emiratos Árabes Unidos, aunque su matriz, Telegram Group Inc, se encuentra en Reino Unido.
Telegram ha permanecido operativo en todo momento en España, mientras se esperaba que la orden entrase en efecto en la mañana del lunes, lo que obligará a las grandes operadoras a bloquear el acceso a las direcciones IP de los servidores. Que el bloqueo llegue a ser efectivo es más complicado, dado que la app tiene amplia experiencia lidiando con la injerencia de los gobiernos en su funcionamiento y cuenta con mecanismos de acceso alternativos mediante numerosos proxies repartidos geográficamente por todo el mundo.
En 2022, el último año para el que Telefónica publicó datos, la operadora estaba obligada a mantener bloqueados desde sus redes fija y móvil, el acceso a un total de 9590 sitios web, entre los que 7.485 lo estaban por razones relacionadas con la propiedad intelectual. La cifra es un 155% superior a los 3.762 bloqueos que había en 2021, lo que indica cómo cada vez más las autoridades se están apoyando en los sistemas de filtrado para retirar los contenidos que consideran ilegales.
Bloqueo cancelado
En la mañana del lunes 25, el magistrado solicitó a la Comisaría General de Información un informe sobre cómo la suspensión temporal puede afectar a los usuarios. El informe recibido en el mismo día indicaba que la medida afectaría a más de 8 millones de usuarios y tendría impacto económico, por lo que el juez ha decidido finalmente suspender la medida al entender que el bloqueo sería "excesivo y no proporcional".
