La Comisión Europea ha propuesto esta semana una nueva normativa para reducir en un 30 % el coste del despliegue de la Internet de alta velocidad. La obra civil, por ejemplo la excavación de zanjas para tender fibra, representa hasta el 80 % del coste del despliegue de las redes de alta velocidad. Actualmente existe poca transparencia en cuanto a las infraestructuras físicas existentes adecuadas para el despliegue de la banda ancha y no se cuenta con una normativa común; tampoco es posible utilizar la infraestructura perteneciente a otras empresas de servicio público.
La Comisión desea afrontar cuatro grandes problemas:
Garantizar que los edificios de nueva construcción o renovados están adaptados a la banda ancha de alta velocidad.
Abrir el acceso, en condiciones equitativas y razonables, incluidas las relativas al precio, a los conductos, cámaras subterráneas, bocas de acceso, distribuidores, postes, mástiles, instalaciones de antenas, torres y otras construcciones de apoyo.
Poner fin a la insuficiente coordinación de las obras civiles, permitiendo que cualquier operador de redes negocie acuerdos con otros suministradores de infraestructuras.
Simplificar el complejo y farragoso proceso de concesión de permisos, especialmente en el caso de mástiles y antenas, al establecer que los permisos deben concederse o denegarse por defecto en un plazo de seis meses y que las solicitudes deben efectuarse a través de un único punto de contacto.
