Los ayuntamientos que deseen poner en marcha una red wifi pública ya pueden respirar un poco más tranquilos. La CMT ha presentado el anteproyecto que establece las condiciones que deben cumplir las administraciones públicas para poder dar acceso a internet en los espacios públicos de forma gratuita.
Las redes que se utilicen para uso propio de la administración podrán ponerse en marcha sin ningún trámite previo. Esto incluye además a centros de educación, como escuelas, institutos, colegios y campus universitarios.
En el caso de dar acceso a los ciudadanos de forma gratuita, la red deberá inscribirse en el registro de la CMT y tendrá dos limitaciones importantes, pero que representan un avance respecto a la situación actual: no podrán suministrar más de 256 Kbps y no deberán extender su cobertura al interior de los edificios residenciales.
En el caso de querer dar más velocidad, el ayuntamiento deberá constituir una empresa independiente y actuar como un inversor privado, es decir, la red no podrá financiarse con las arcas públicas, sino con las cuotas de los clientes abonados a la red.
La nueva regulación es un anteproyecto de circular que deberá publicar el BOE y someterse a un proceso de alegaciones de los operadores.
