El Grupo Parlamentario Popular salió ayer en defensa del ex monopolio al presentar una iniciativa en el Senado en la que, citando a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), señala que obligar a Telefónica a un precio regulado en su servicio de fibra óptica, puede traer como consecuencia que esta compañía deje de invertir en España durante este año 2015, una cifra que rondaría los 800 millones de euros. En definitiva, solicita modificar las conclusiones del regulador en su análisis del mercado mayorista de banda ancha, que ahora está en fase de consulta pública.
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El frenazo que supondría la extensión de la red de fibra óptica en todo el territorio nacional, produciéndose una España a dos velocidades, una que contaría con fibra y otra asociada a la red de cobre, lo que va en contra de la filosofía y de la letra de la ley
Aunque algunos países europeos han tomado la opción de regular la fibra de los operadores dominantes, la gran pregunta es: ¿en qué escenario invertirán los alternativos? Vodafone y Orange señalan que no cambiarán sus inversiones futuras mientras que Telefónica sí ha advertido que parte de su despliegue no se realizará.