Cuando el presidente de Telefónica, Cesar Alierta, dijo hace unas semanas que los buscadores tendrán que pagar por usar su red, probablemente tenía información desconocida para los que escuchábamos sus palabras con estupor. Aquellas declaraciones estaban en realidad respaldadas por la propuesta que sólo una semana antes había presentado la presidencia española de la UE y en la que España propone regular a los llamados "intermediarios de internet", mencionando de forma explicita a los portales y buscadores.
La Quadrature du Net publica una copia del documento denominado "Propuestas de España sobre la Estrategia de Granada para una Europa Digital" en la que España propone un cambio completo del modelo que ha financiado la red desde sus inicios.
Los "intermediarios de internet"
España considera que el marco regulatorio actual garantiza la competencia en redes (entre operadores) y entre servicios de comunicaciones (teléfono, internet, etc.), pero es insuficiente para regular el mercado de los "proveedores de servicios de información" (contenidos). El documento dice que los "proveedores de servicios de información" pueden utilizar su posición de dominio en su campo para inhibir la competencia en el mercado de servicios. Es decir, que un buscador puede aprovechar el dominio en su sector para lanzar un producto de voz o de vídeo bajo demanda que deje fuera a los que ofrecen los operadores.
El problema es que mientras la actividad de los operadores está fuertemente regulada por las autoridades de competencia, los llamados "intermediarios de internet" (entre los que menciona a los buscadores) no están regulados. La situación se agrava debido a que los operadores de redes incurren en gastos por cada nuevo cliente, mientras que el coste para los proveedores de contenidos es casi nulo, ya que "emplean la capacidad" de las redes de los operadores.
Esto justifica un análisis de posibles cambios en el marco regulatorio que permitan a los operadores de servicios, en circunstancias especificas, desarrollar modelos de negocios similares a los que emplean actualmente los intermediarios de internet, de modo que puedan emplear parte de los beneficios procedentes de servicios de información para financiar el despliegue de nuevas redes, reduciendo la necesidad de financiación publica.
Más frecuencias para internet móvil, pero todas privadas
El documento también pide que se ofrezca más espectro radioeléctrico a los operadores para impulsar las comunicaciones móviles. En este punto, la presidencia española se olvida de la necesidad de reservar frecuencias para el uso publico, lo que significa volver a cometer errores del pasado.
Las operadoras disponen de licencias de ámbito nacional, que les otorgan el uso exclusivo de una banda de frecuencias en cualquier punto del territorio. Sin embargo, sólo invierten donde les es rentable. Esto ocurre con la banda de 3,5 GHz, que sólo pueden utilizar los cuatro operadores propietarios de las concesiones. Algunos, como Ono, no tienen ningún interés en explotarla, y otros sólo lo hacen en zonas muy concretas. Mientras tanto, hay redes WiMAX impulsadas por administraciones o pequeños operadores locales que tienen que usar de forma alegal estas frecuencias, o migrar a bandas con menor calidad por ser demasiado altas.
Bloqueo de páginas web a nivel europeo
España propone extender su modelo de bloqueo de páginas web al resto de países europeos. Recomienda centrarse en impedir el acceso de los usuarios a sitios web que infrinjan "masivamente" los derechos de propiedad intelectual. La restricción de acceso debería tomarse bajo el control de una autoridad judicial cuando pueda afectar a la libertad de expresión o de información, recuerda.
Documento publicado por La Quadrature du Net
Actualización: Parece que el gobierno rectifica.
