La responsabilidad de impedir el acceso de los usuarios españoles a las webs que alojen sin permiso contenidos sujetos a derechos de autor, recaerá en los proveedores de Internet. Será este el último resorte sobre el que actuará la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, en caso de que el propietario de la web no atienda sus peticiones y la web no esté alojada en España.
Ya está listo el borrador del reglamento que regulará la actividad de la Comisión de Propiedad Intelectual. Todavía no es posible acceder a su contenido, pero parece que se está distribuyendo de forma selectiva a algunas agencias. En él se detallan los pasos que seguirá cada caso denunciado, desde la identificación de los responsables, hasta la interrupción del acceso a la web.
La Sección Segunda no intervendrá por su cuenta, sino que esperará a que las partes interesadas interpongan denuncia. Una vez esto ocurra, los responsables de la web tendrán 48 horas para retirar el contenido o bien formular sus alegaciones. Tras nueve días y habiendo escuchado a ambas partes, la comisión podrá exigir la retirada de los contenidos en 24 horas.
Si no se cumple el plazo, podrá ordenarse "las medidas de ejecución forzosa dirigidas a los servicios de intermediación de la sociedad de la información que correspondan para el eficaz cumplimiento de la resolución". En un máximo de 72 horas, el acceso a la web que aloja los contenidos tendrá que quedar interrumpido.
Si la web está en España, será la empresa que proporciona el alojamiento la que tendrá que deshabilitarla. Pero la cosa se complica cuando el alojamiento está en cualquier otro punto de la red, fuera de la jurisdicción española. En ese caso, el reglamento contempla que se pueda ordenar a "prestador de servicios de intermediación de la sociedad la información" --proveedores de Internet-- "que interrumpa la prestación de un servicio o impida el acceso desde territorio español".
De esta forma, los ISP se convertirán en los verdugos de la Ley Sinde, impidiendo el acceso de sus clientes a populares servicios de alojamiento de ficheros que hayan sido denunciados. La implantación técnica de esta medida no será fácil, y probablemente cause muchos quebraderos de cabeza a las operadoras. No es factible impedir el acceso a un fichero sin afectar a todo el servicio de alojamiento, que puede contener otras muchas descargas legítimas.
La Coalición de Creadores espera poner las primeras denuncias tras el verano
La Coalición de Creadores asegura que la nueva normativa les ha dejado "razonablemente satisfechos, pero no del todo", ya que no contempla medidas contra los usuarios, como impedir el acceso a la red a los reincidentes. Esperan presentar las primeras denuncias en octubre para que las webs afectadas reciban las primeras notificaciones durante el mes de noviembre.
