Vodafone se quedará sin los 140 millones de euros que exigía al expresidente de Ono, José María Castellano, la exconsejera delegada, Rosalía Portela y el exdirector financiero, Carlos Sagasta por administración desleal cuando dirigian Ono justo antes de que la británica comprase la cablera en el 2014.
Vodafone acusaba a Ono de fraude al engordar la facturación artificialmente para poder cobrar los bonus que tenían pactados en sus contratos si se vendía la cablera en algún momento.
Según la sentencia, Vodafone ya sabía que la Agencia Tributaria estaba investigando a Ono por esta causa cuando adquirió la operadora.