La CMT desoye al Gobierno vasco y sigue sin intervenir en la 'guerra' entre Orange y Euskaltel
El Ejecutivo ha advertido sobre la confusión que se ha trasladado a los usuarios de móvil
El consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) dejó ayer sobre la mesa la adopción de medidas cautelares en la 'guerra' comercial desatada entre Orange y Euskaltel, que la operadora vasca solicitó hace un mes y medio, y desoyó la intervención urgente que le reclamó el pasado miércoles el Gobierno autónomo.
El Ejecutivo, que además es socio de Euskaltel -controla el 7% de sus acciones a través de EITB y el Ente Vasco de la Energía-, había pedido a la CMT que actuase de forma inmediata ya que, en su opinión, se está produciendo un enorme confusionismo entre los clientes de telefonía móvil de la compañía. El Gabinete de Juan José Ibarretxe justificó su solicitud en el hecho de que esa situación, además, afectaba a cuestiones muy básicas del servicio, como son la recarga de tarjetas prepago o modificaciones del contrato.
Orange, empresa heredera de Amena, ha comunicado recientemente a los clientes que contrataron la telefonía móvil con Euskaltel que esta empresa -que actuaba como su comercializadora en el País Vasco- ya no le representa, que el servicio de atención al cliente ha cambiado de número y que las recargas de las tarjetas prepago tampoco podrán hacerse a partir de ahora con el grupo preside el ex lehendakari José Antonio Ardanza. Además, ha redoblado sus esfuerzos para retener a los usuarios, con una oferta de teléfonos gratuitos y descuentos vitalicios del 50% en las facturas.
Hace algo más de mes y medio que la operadora vasca pidió al regulador que adoptase algunas medidas cautelares, precisamente para evitar la situación de enfrentamiento comercial que se vive en estos momentos. Euskaltel creía que la CMT debía establecer un periodo de 'no agresión' para evitar trasladar a los clientes una sensación de inseguridad y hasta el momento en que ese organismo tomase decisiones definitivas. Unas decisiones con las que la compañía persigue que se le reconozca la titularidad sobre todos sus clientes actuales de telefonía móvil, así como la 'propiedad' de los números que utilizan que, por el momento, están asignados a Orange.
El litigio afecta a casi medio millón de clientes que han contratado sus servicios con Euskaltel en una época en la que esta empresa mantenía un acuerdo estable con Amena. La ruptura del contrato que le unía a ese operador y la firma de una nueva alianza, en esta ocasión con Vodafone, ha desatado una auténtica carrera para hacerse con el control de esos usuarios.
Fuente: El Correo Digital
