La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual ha tramitado en los 3 meses que lleva activa 300 denuncias.
La directora general de Industrias Culturales, María Teresa Lizaranzu ha reconocido que el funcionamiento de este organo está siendo menos rápido de lo que esperaban, debido a que se está analizando pormenorizadamente cada solicitud. Actualmente, los vocales de la comisión están votando si procede en cada caso actuar contra la web denunciada.
Lizaranzu ha descubierto otro filón para acabar con las webs de descargas denunciadas aún cuando no haya argumentos jurídicos suficientes relacionados con la vulneración de la propiedad intelectual.
La Comisión ha descubierto que, además de vulnerar la propiedad intelectual, algunas de estas páginas atentan contra la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, por lo que se abren otras vías para bloquearlas.
Es decir, si no está claro que una web denunciada viola los derechos de autor, comprobarán si cumple la LSSI (si por ejemplo no muestra los datos del propietario) y si no es así podrá ser sancionado con entre 30.000 y 600.000 €.