La asociación de operadores con red propia REDTEL, compuesta por ONO, Orange, Telefónica y Vodafone, han salido al paso del anuncio de la Generalitat de Catalunya de imponer un impuesto especial a las operadoras de telecomunicaciones para financiar el cine.
Estas cuatro operadoras "rechazan de forma unánime y contundente" la propuesta y se muestran dispuestas a acudir a los tribunales en caso de que continúe adelante.
Este es su comunicado:
Esta medida, de llegar a concretarse, supondría un nuevo esfuerzo para un sector que ya hace frente a una severa presión fiscal con multitud de impuestos y tasas procedentes de distintas administraciones y organismos. Esta medida agravaría la ya elevada carga que supone la fiscalidad específica del sector y vendría a sumarse a una serie figuras tributarias totalmente injustas y arbitrarias que detraen fondos para financiar temas ajenos a las actividades propias de los operadores como por ejemplo:
- Las necesarias para financiar RTVE, con el 0,9% de los ingresos totales y 1,5% de los ingresos audiovisuales de los operadores de acceso condicional, impuesta por la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Español
-O el 5% de los ingresos audiovisuales incluidos en la Ley General Audiovisual dedicada a financiar las producciones audiovisuales europea y española, que entendemos viene a cubrir lo que ahora pretende imponer la Generalitat.Las compañías consideran que todos los esfuerzos deben concentrarse ahora en las importantes inversiones a las que están haciendo frente para desplegar las nuevas redes fijas y móviles de alta capacidad, unas infraestructuras imprescindibles para contribuir formar parte del nuevo ecosistema digital, y para el desarrollo de servicios que puedan prestarse a través de estas redes.
REDTEL solicita a que se restaure la coherencia en este tipo de medidas, y que se tenga en cuenta el interés general de los usuarios, y solicita al Gobierno de la Generalitat un diálogo que permita avanzar en soluciones duraderas y que tengas en cuenta los intereses de todos los sectores.
Adicionalmente, a este respecto, es hora de que las administraciones públicas abran el foco a otros servicios TIC, más allá de las telecomunicaciones. Estas medidas suponen una clara discriminación para los operadores de telecomunicaciones.
En todo caso, de aprobarse este medida sobre la base de la información obtenida hasta la fecha, los afectados solicitarán su anulación ante las instancias jurídicas correspondientes Autonómicas, Regionales y Europeas.
