Querella contra Vodafone por difundir datos de clientes como el PSOE, el Senado y la Subsecretaría de Defensa
ECD 09/12/2014
Entregó un disco duro de 500 gigas con millones de registros de organismos y empresas. Miembros del Senado consumieron 2.255 euros diarios en diciembre de 2011.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Vilafranca del Penedés ha admitido a trámite una querella contra Vodafone España por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos en relación con la difusión, por parte de dicha compañía telefónica, de cientos de miles datos sobre comunicaciones de clientes como el Senado, la Subsecretaría de Defensa y medio centenar de grandes empresas y organismos.
La información difundida afecta al PSOE, a bancos como Sabadell y Bankinter, medios de información como Radio Madrid (Grupo Prisa), empresas de seguridad como Securitas Direct y Eulen, eléctricas como Endesa e Iberdrola, y a grandes compañías como Renfe, FCC, Campofrío y Ferrovial. Aparecen, asimismo, facturas de 834 líneas de miembros del Senado con un consumo diario promedio de 2.255 euros en diciembre de 2011. Las facturas corresponden a los años 2007 a 2012.
Contra Vodafone y el CIO de la compañía
La querella fue presentada por la empresa Vilaservei Telefonía y Telecomunicacións, SL, en liquidación, con domicilio en Vilafranca del Penedés, el pasado 1 de octubre, y el 14 de noviembre el juzgado la admitió y ordenó incoar diligencias previas contra Vodafone y contra Carlos Miguel Valero Alcántara, director de tecnologías de la compañía, del que se pide la toma de declaración mediante exhorto remitido a Madrid.
Según el relato del escrito de querella, la empresa Vilaservei Telefonía y Telecomunicacions interpuso demanda de indemnización por pérdida de clientela, derivada de contrato como agencia de Vodafone, que fue admitida a trámite. Para fundamentarla, solicitó a la operadora telefónica la aportación de las facturas emitidas a sus clientes particulares y el importe de las mismas.
Vodafone, "con la finalidad de impedir la cuantificación de los daños" y buscando "una resolución judicial favorable a sus intereses", aportó a las actuaciones un disco duro de 500 gigas que contenía más de 720.000 datos informáticos "correspondientes a multitud de empresas y organismos" que nada tenían que ver con el litigio, facturados a clientes captados por otros agentes de Vodafone España, según certificación del CIO (director de tecnologías), Carlos Valero.
Información "innecesaria e intoxicadora"
Destaca el escrito de querella que, versando sobre particulares, cualquier información sobre clientes que son empresas "es absolutamente innecesaria, superflua e intoxicadora".
Remarca que "tiene carácter confidencial, conteniendo datos sensibles sujetos a una total confidencialidad y al secreto empresarial", a pesar de lo cual la operadora realizó copias para las partes, y tratándose además de un proceso judicial público.
Concreta que la información suministrada por Vodafone contiene "datos sensibles pertenecientes a altos organismos públicos, como la subsecretaría de Defensa o el propio Senado español", lo que supone "una flagrante conculcación" de la Ley de Protección de Datos.
Consumo de miembros del Senado
Aparecen en la relación difundida clientes, no sólo de Cataluña, sino de toda España, e incluso con grandes cuentas como ADIF, Renfe, Heineken, Banco de Sabadell, Endesa, Ocaso y el Servicio Público de Empleo, e incluso facturas de 834 líneas de miembros del Senado "con un consumo diario promedio de 2.255 euros en el mes de diciembre de 2011", detalla el escrito.
Se trata de una aportación ingente de datos no solicitados, es decir, cientos de miles de PDF, con varios millones de registros de llamadas, de millones de líneas telefónicas, que, remarca el escrito de querella, "vulnera clarísimamente la Ley de Protección de Datos 15/1999. Y el art. 31 de la Carta de los Derechos de Usuarios de Telecomunicaciones, RD 899/2009".
Esos 720.000 registros informáticos "contienen las llamadas, duración de las mismas, interlocutor de estas y facturación devengada sobre personas y empresas".
Además de los ya citados, figuran: el PSOE, Bankinter, y Sofres; los ayuntamientos de Elche y de Almería; empresas de seguridad como Securitas Direct y Eulen; medios de información como Radio Madrid; organismos como el Parque Móvil y la Autoridad Portuaria de Tarragona; empresas como FCC, Iberdrola, Ferrovial, Elecnor, Campofrío, Schindler, Transportes Azkar, Fagor, Gamesa, Loreal, HP y Roche Farma… Hasta un total de 52 sociedades y 720.000 facturas, que revelan datos informáticos "especialmente sensibles".
El teléfono de los interlocutores
El escrito de querella insiste en que la operadora "carecía de autorización para difundir, en un proceso judicial ajeno a ello, la duración y coste de las llamadas telefónicas, SMS, etc. realizadas o enviadas por los miembros del Senado o por la Subsecretaría de Defensa, o por el PSOE, así como el número de teléfono de sus interlocutores".
Concluye que los hechos corresponden al delito de revelación de secretos tipificado en el artículo 197, 2º de la Ley de Protección de Datos, que establece multas de hasta 600.000 euros por afectado.
Prevé, además, penas para quienes utilicen datos reservados sin estar autorizados. Si se trata de las personas responsables de los ficheros y soportes informáticos o telemáticos, "se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años; y si se difunden, ceden o revelan los datos reservados se impondrá la pena en su mitad superior".
Fuentes de Vodafone, consultadas por El Confidencial Digital, señalan que, en relación con los hechos incluidos en la querella, la empresa se ha limitado a cumplir lo que marca la ley.