El gobierno está estudiando una reforma de la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios para adaptarla a las nuevas directivas de la Unión europea.
Entre todas estas medidas destaca la que modifica la contratación telefónica. En los casos en los que sea la empresa la que contacte con el cliente, la oferta deberá ser confirmada por escrito y no será vinculante hasta que el usuario la reciba y firme. Esta firma podrá hacerse en papel, correo electrónico, fax o sms. No cabe duda de que este sistema terminará en gran medida con los engaños y fraudes que se producen con tanta frecuencia en ese tipo de contrataciones.
También se recogen otras medidas, como la ampliación del periodo de desistimiento de 7 días hábiles a 14 naturales o la obligatoriedad de que en las compras a través de internet el precio que aparezca al finalizar el proceso sea el precio final, sin cargas ocultas como gastaos de transporte, contrareembolso, etc.
