elcorreo.com/vizcaya/prensa/20070223/eco…0070223.html
Los usuarios de telefonía móvil tienen ahora la oportunidad de cambiar de operador sin que ello les suponga penalización alguna y sin que las compañías telefónicas puedan reclamar indemnizaciones por incumplimiento de compromisos de permanencia. El Ministerio de Sanidad y Consumo recordó ayer que la modificación de tarifas que se producirá el próximo jueves, que se traducirá en alzas generalizas en la mayoría de los casos para compensar el final del redondeo en el cobro de las llamadas, supone una modificación unilateral del contrato y, por lo tanto, los clientes quedan liberados de cualquier pacto previo y pueden irse 'con el número a otra parte'.
En los últimos meses, el sector ha intentado retener a los clientes que pretendían pasarse a una empresa de la competencia con la 'amenaza' de cobrarles una cantidad -en torno a los 150 euros- por haber vulnerado una promesa de vinculación con la marca durante un periodo determinado; por lo general, un año y medio. Ese compromiso está ligado en unos casos a una promoción de tarifas y en otros a la adquisición de un terminal subvencionado.
Los usuarios incluidos en el primer grupo -los que se benefician de precios más bajos- no deben abonar cantidad alguna si se pasan a otro operador, subrayó ayer el ministerio. Son las compañías quienes han cambiado de forma unilateral las condiciones del acuerdo, por lo que, a su juicio, los clientes están legitimados para ejercer un «desestimiento» del contrato sin penalizaciones.
En cuanto a los aparatos subvencionados -es una costumbre que las empresas vendan los equipos a un precio inferior a su coste real para atraer clientes-, el Gobierno admite que puede existir el derecho a percibir una indemnización, pero recuerda que debe ser «proporcional». Además, abre la posibilidad a que el cliente manifieste su desacuerdo y recuerda a las compañías que si eso se produce están obligadas a recurrir a los tribunales de justicia para intentar cobrar lo que reclaman.
Lo más importante del pronunciamiento de ayer del Ejecutivo es que le da la vuelta al procedimiento utilizado habitualmente por el sector. Así, hasta ahora, los usuarios que se negaban a abonar esas penalizaciones no conseguían cambiar de operador, ya que éstos se negaban a facilitar la 'portabilidad' del número de teléfono. Mantenerlo cuando se cambia de empresa es posible, pero exige que quien cede al cliente esté de acuerdo con ello y facilite el proceso. Consumo estima que, en caso de discrepancia entre usuario y compañía, ésta última no podrá negarse a la 'migración', deberá facilitarla y, posteriormente, podrá plantear una reclamación judicial sobre las cantidades exigidas como compensación por los terminales subvencionados.
Competencia
Las nuevas tarifas que aplicarán la mayor parte de las firmas de móvil a partir del próximo jueves han supuesto un incremento sustancial del establecimiento de llamada -pasa de 0,12 a 0,15 céntimos de euro- y han sido aprovechadas para aumentar también el coste por segundo de conversación. Su anuncio ha provocado una protesta generalizada por parte de las asociaciones de consumidores e, incluso, de algunas administraciones autonómicas.
El Gobierno vasco se sumó ayer al 'coro' con una petición al Tribunal de Defensa de la Competencia para que intervenga en este caso. El Departamento de Industria y Consumo, que dirige la consejera Ana Aguirre, cree que los anuncios «realizados por Movistar, Vodafone, Orange y Euskaltel pueden suponer una equiparación de tarifas y una restricción de la libre competencia». En una dura nota oficial, criticó que las compañías hayan aprovechado una adaptación legal -el cambio de tarificación de minutos a segundos y la prohibición de los redondeos- para aplicar un incremento tan importante en el establecimiento de llamada.
Las críticas del Ejecutivo, señalando incluso con el 'dedo' a Euskaltel y denunciando la supuesta «existencia de prácticas concertadas» de precios, tienen su punto curioso. La Administración vasca no sólo es propietaria del 7% de las acciones de esta operadora -a través de EITB y el Ente Vasco de la Energía (EVE)-, sino que tiene a dos representantes sentados en el consejo de administración de la compañía: el director general de la radio-televisión vasca y un viceconsejero de Industria.
