Saludos a todos:
Civilizadamente he agotado con AUNA todas las vías para darme de baja, pues he seguido pacientemente los pasos que me han indicado (por cierto, para darme de alta hace más de un año no tuve estos problemas, bastó una sola conversación telefónica).
Está claro que no actúan de buena fe, un día te dicen que les ha llegado la solicitud de baja, pero que no han pasado 15 días, sino 14... Otro día, que les llegó el fax pero no la documentación... que vuelva a enviar otro fax... Un verdadero abuso, se amparan en la falta de pruebas legales, con una política comercial del mayor cinismo.
En su día, cuando la conexión iba bajo mínimos en Canarias, rechacé una oferta de tres meses gratis, luego otra de seis meses gratis... y ahora viene el "castigo" al estilo mafioso.
En el contrato he mirado la "letra pequeña", y para resolver dicho contrato (punto dieciocho) se indica como método válido el fax con acuse de recibo (en otras palabras, burofax) dirigido al domicilio social de la empresa. Pero si lo envío y no lo quieren recoger, estoy indefenso...
El motivo que adujeron a Correos para rechazarlo fue que la empresa sólo recoge cartas dirigidas a personas con nombre y apellidos, lo cual es una excusa que se descalifica por sí misma.
Se me ocurre que esto es de por sí denunciable, pues eluden la vía de resolución acordada en el contrato... Hay sobrados indicios de que quiero darme de baja, pero está en su mano el hacerla efectiva, y no quieren hacerlo... Eso es coacción. Si dejo de pagarles, la ley debería protegerme, ¿no?.
El problema es que no todo el mundo tiene los medios, el tiempo y las ganas de entrar en pleitos legales... En principio, quiero adoptar la medida de anular el pago domiciliado, en defensa propia ante un abuso manifiesto.
No obstante, me pondré en contacto con alguna asociación de consumidores ante esta situación de indefensión, difícilmente creíble en un Estado democrático. AUNA está actuando ahora mismo con dolo e impunemente.
Para uno, lo más triste de la situación es la pandilla de seres alienados que se ponen al teléfono y se prestan a cómplices de esta situación a cambio de un sueldo (no quisiera estar en su lugar). Hoy es en AUNA, mañana será en otro sitio... A la larga este estado de cosas nos perjudica a todos.
¿Por qué ninguna institución pública actúa "de oficio" en defensa del consumidor? ¿Por qué no llegan estos hechos a los medios de comunicación? ¿Es tanto el control de los grupos mafiosos?
Saludos
PD Si hay alguien más en mi situación me gustaría saberlo, gracias.
