El Supremo ha condenado a Telefónica por inscribir en los ficheros de morosidad a un cliente que no estaba conforme con el servicio prestado ni con la facturación y por tanto no había pagado la cantidad que le reclamaba Telefónica.
El tribunal considera que la operadora ejerció una "presión ilegítima" y una intromisión ilegítima en el honor del cliente al comunicar sus datos personales a este tipo de ficheros, sabiendo que el usuario había hecho una solicitud de arbitraje de consumo al no estar de acuerdo con el pago de 575,38 € que se le reclamaba.
