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Los concejales de Urbanismo, Medio Ambiente y Seguridad y Servicios a la Comunidad de Madrid, Pilar Martínez, Paz González y Pedro Calvo, respectivamente, han sido imputados por un delito de contaminación acústica y atmosférica.
Están encausados por no impedir que unos 8.000 vecinos de la avenida de Portugal -carretera de Extremadura-, que viven en un tramo no soterrado por las obras de la M-30, soporten más decibelios de los permitidos por Ley debido al exceso tráfico.
Según informó el diario 'El País', el juzgado de Instrucción número 45 de Madrid acusa a los ediles de cometer un delito de contaminación acústica y atmosférica por el que pueden ser condenados a penas que oscilan entre los seis meses y los cuatro años de prisión.
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El afectado -que dijo haberse enterado de la imputación de los ediles por la prensa- afirmó que en el distrito de Batán existen varios centros de salud, residencia de mayores y colegios "cuyas aulas están tapiadas para los niños puedan asistir a clase sin tener que escuchar los ruidos de la carretera, que no les permiten concentrarse".
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Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Óscar Iglesias, afirmó que la imputación de tres concejales es consecuencia de "la ley de la selva en la que se ha convertido la ciudad de Madrid" con el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.
"No se respetan las leyes medioambientales, no se respetan las ordenanzas, y los ciudadanos que han venido a pedir explicaciones o rectificaciones al Ayuntamiento se han encontrado con un portazo en las narices, que les ha llevado en este caso a acudir a los tribunales", dijo Iglesias a los periodistas coincidiendo con la celebración del Pleno municipal.