El Gobierno se vería obligado a indemnizar a las tres operadoras con cantidades multimillonarias si las frecuencias no están disponibles en toda España a partir del 1 de enero de 2015,
la fecha en que el Estado se comprometía a entregarlas a los operadores de telecomunicaciones.
Hace poco también se quejaron las cadenas de TV de la absoluta pasividad del gobierno para solucionar el problema del cierre de canales, que va a suponer como es lógico despidos y perder mucho dinero invertido en ponerlos en marcha.
Parece que el sistema de ignorar los problemas a ver si se arreglan solos se está imponiendo en nuestro gobierno.
