La idea lanzada inicialmente por Cesar Alierta, presidente de Telefónica, y que cada vez ha encontrado más adeptos entre las cúpulas directivas de otras operadoras en todo el mundo, no gusta a los proveedores de contenidos como Google. Según el planteamiento que defienden las operadoras, las empresas de contenidos deben pagar a las operadoras por el uso intensivo que hacen de su red para llegar a los usuarios, como es el caso de servicios como YouTube.
Este asunto ha llegado hasta las reuniones de la ITU, organismo internacional integrado en la ONU en el que se acuerdan las normas que afectan al sector de las telecomunicaciones en todo el mundo.
Algunos gobiernos quieren aprovechar reuniones a puerta cerrada que tendrán lugar en el mes de diciembre para autorizar la censura y regular la Web.
Con este argumento, Google ha habilitado una web en la que explica su posición y pide a los usuarios que suscriban un manifiesto de protesta. Aunque en esta web se presenta la protesta como enfocada contra la censura y la injerencia de los gobiernos en la red, Google no esconde que detrás de los cambios que se pretenden, hay algunos que le preocupan especialmente porque afectan a su negocio.
Algunas propuestas podrían permitir que los gobiernos censuren información legítima e, incluso, impedir el acceso a Internet. Otras propuestas pretenden que servicios como YouTube, Facebook y Skype paguen nuevas tarifas para llegar a usuarios de otros países. De esta forma, se podría limitar el acceso a la información, especialmente en los mercados emergentes.
