Los servicios para compartir archivos a través de Internet (P2P) tendrán que verse las caras con la ley si facilitan que sus clientes usen los programas para intercambiar ilegalmente canciones y películas.
Los servicios para compartir archivos a través de Internet (P2P) tendrán que verse las caras con la ley si facilitan que sus clientes usen los programas para intercambiar ilegalmente canciones y películas.
Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo de EEUU, haciendo oídos sordos a las advertencias de que las querellas legales frenarán las ventas de modernos artilugios tecnológicos, como la iPod de Apple.
La decisión, adoptada por unanimidad, envía el caso nuevamente a los tribunales inferiores, que en el pasado dictaminaron a favor de servicios para compartir archivos como Grokster Ltd. y StreamCast Networks Inc. al indicar que no se puede demandar a las compañías.
Intenciones ilícitas
Lo que debatió el Supremo fue si los servicios para compartir archivos debían ser considerados responsables del comportamiento que millones de usuarios de internet -sobre los que no tienen control- hacen de un programa informático que ellos distribuyen gratis.
Los jueces del Supremo señalaron que existen suficientes pruebas de intenciones ilícitas como para que el caso vaya a juicio. El comportamiento reprobable de los servicios para compartir archivos no debería obtener carta blanca, indicaron los magistrados.
"Sostenemos que aquel que distribuye un artilugio con el objeto de impulsar su uso para infringir los derechos de autor, como queda de manifiesto por la expresión manifiesta o mediante otros pasos para impulsar esa infracción, es responsable por los resultados de la infracción cometida por terceras partes", escribió el juez David H. Souter al explicar la decisión
Pérdidas millonarias
Según la industria discográfica, hasta el 90 por ciento de las canciones y películas que se copian en los servicios para compartir archivos se bajan de Internet de forma ilegal.
El sector discográfico y los productores de películas reclaman que necesitan protección legal ante las pérdidas millonarias que les originan este tipo de servicios.
Los consumidores, por su parte, temen que la decisión judicial ponga en peligro la revolución tecnológica de las dos últimas décadas y que se tradujo en la salida al mercado de aparatos con el vídeo, los reproductores MP3 y las iPod de Apple.
Las compañías tendrían que pagar millones de dólares a los artistas si un tribunal dictamina que impulsan la bajada de archivos de Internet de forma ilegal.
Terra - Tecnología / Agencias