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¿Qué pueden hacer los usuarios afectados? Es previsible que Vodafone se niegue a asumir sus obligaciones legales, como sañalan desde FACUA, por lo que la organización recomienda a los usuarios afectados que "presenten denuncias ante las autoridades de protección al consumidor de sus comunidades autónomas, en las que soliciten la apertura de un expediente sancionador a la compañía". También señalan que aquellos clientes que no hayan sido avisados con un mes de antelación de esta subida de precios y quienes tengan contratos de permanencia, "pueden interponer a título individual una demanda judicial en el juzgado correspondiente a la localidad del usuario". Esta demanda puede hacerse a través de un "prodecimiento verbal" por incumplir las condiciones contratadas por el usuario y no son necesarios ni abogado ni procurados. En el caso de que el cliente con permanencia quiera mantener su contrato con la compañía, "puede reclamar en los tribunales el mantenimiento de la tarifa ofertada hasta que finalice el periodo de establecido en el contrato y la devolución de lo cobrado de más". En caso contrario, si se da de baja, " puede exigir que la compañía le abone como compensación la cantidad que establece el contrato de permanencia como penalización cuando se incumplen sus condiciones". La alternativa a los tribunales es a través de un "arbitraje de consumo frente a la empresa" ante la Junta Arbitral de Consumo. "El arbitraje de consumo implica que un Colegio arbitral, compuesto por un funcionario de la Administración de consumo o por tres personas neutrales -un funcionario, un representante de las asociaciones de consumidores y uno de las asociaciones de empresarios-, deciden sobre la reclamación presentada por el usuario y su petición, pudiendo aportar todas las pruebas y argumentaciones que se consideren oportunas. La resolución que adopte el Colegio Arbitral, denominada laudo, es de obligado cumplimiento para ambas partes e impediría acudir en un momento posterior a la vía judicial" señalan desde FACUA.
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