El actual deterioro del Estado de derecho comenzó cuando Alfonso Guerra decretó el fin de la división de poderes y Felipe González intentó imponer una "ley anti difamación"
para proteger la oleada de corrupción de su partido utilizando el poder judicial a su favor.
Un proceso de corrosión paralelo fue la "salida política" para los etarras (que convertía el asesinato en un modo premiable de hacer política), combinada con el GAL.
Aznar frenó, insuficientemente, el deterioro, pero con el funesto presidente actual ha llegado la quiebra: colaboración abierta con la ETA, corrupción de jueces y del Tribunal Constitucional,
ley totalitaria de "memoria histórica", leyes perversas contra la familia y la vida humana, etc.
Todo esto deriva lógicamente de las ideas de base de estos individuos que se consideran "progresistas", de las viejas demagogias nunca del todo abandonadas y de su desprecio absoluto por España.
La situación puede resumirse en los últimos episodios: unos miles de descerebrados desafían la ley y el Gobierno se hace cómplice de ellos.
¿Y cómo podría ser de otro modo si el responsable del orden público es mucho más delincuente que los descerebrados, como colaborador y chivato de la ETA, portavoz del GAL y primer transgresor de la llamada jornada de reflexión?
Además ahora, lo van a poner (abiertamente) a dirigir su partido mediante un notable ejercicio de "democracia interna", es decir a dedo.
O la democracia acaba con todos estos delincuentes o estos delincuentes acabarán con la democracia.
