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El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Luis Requero, se muestra contundente: «Como pena un juez no puede imponer esa medida porque lo impide la Constitución. Colisiona con la integridad física y moral del individuo que protege la Carta Magna (art. 15) y desde luego la condena pierde su vocación resocializadora».
Montserrat Comas, también vocal del CGPJ y presidenta del Obsevatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, incide en que ni siquiera una reforma legal sería suficiente. «Habría que cambiar la Constitución». La magistrada considera que «no cabe importar la propuesta Sarkozy porque afecta a derechos fundamentales, a la dignidad de las personas».
El portavoz de la Asociación de Fiscales, Guillermo García-Panasco, duda de la constitucionalidad de la medida porque «invade la integridad física de la persona» y además «podría suponer la aplicación de una pena degradante». Las voces autorizadas no avalan el «golpe de emoción» de Sarkozy y exponen la necesidad, esa sí apremiante, de continuar los tratamientos y seguimientos cuando el violador o pederasta vuelve a la calle.
sin duda se trata de un debate interesante