De aplicarse tal y como lo reclaman las entidades de gestión, con la SGAE a la cabeza, el llamado ‘ultracanon’ digital, que encarecerá los productos electrónicos una media de un 25%, permitirá a algunos artistas recaudar por este concepto más de lo que ganan con las ventas de sus discos. Así lo manifiesta la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC), que ha unido su queja por este gravamen a la de consumidores, internautas y sindicatos.
La lista de productos electrónicos que, según las entidades de gestión, deben estar sometidos a este canon es muy larga. Así, por ejemplo, según los cálculos de AETIC, los consumidores pagarían un 80% más por un grabador de disco duro, un 78% más por un sintonizador de TDT con disco duro, un 70% más por un reproductor MP3 o un 25% más por un ordenador portátil. El canon se extiende a productos que poco o nada tienen que ver con la grabación y reproducción de música o películas como los teléfonos móviles, cámaras de fotos digitales o GPS. Eso sin contar con que no todos los CD se utilizan para escuchar los greatest hits de Ramoncín. En total, la recaudación de las entidades de gestión por el ‘ultracanon’ podría ascender hasta los 2.000 millones de euros, advierte AETIC.
La patronal de las TICS, para demostrar lo desmesurado de esta medida, se hace eco de un estudio sobre los hábitos de uso de los consumidores españoles de dispositivos electrónicos realizado por Sigma Dos, que señala que el 99,1% de las tarjetas de memoria se utilizan sólo para fotos, mientras que el 21,8% de los CD son usados para copiar música. Además, recuerda a las entidades de gestión que el problema que pretenden atajar con su ‘ultracanon’ tiene solución en el entorno digital gracias a la existencia de medidas tecnológicas que evitan o limitan la realización de copias (TPM) o bien permitan al autor la gestión de sus derechos (DRM).
Transparencia en la recaudación
La batalla del canon digital, muy criticado por internautas, sindicatos y consumidores, se ha desatado después de que la industria y las ocho entidades de gestión de derechos de autor no llegaran a un acuerdo. En consecuencia, serán los Ministerios de Industria y Cultura, con el visto bueno de Economía, los encargados de tomar una decisión antes del 30 de marzo. El concepto de canon está recogido en el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, que lo establece como un derecho irrenunciable para los autores en compensación por la copia privada.
La patronal confía en que finalmente el Gobierno dicte una norma equilibrada y haga un llamamiento a la transparencia en la recaudación del canon y a la cordura a la hora de aplicarlo, basándose en el uso real de los equipos digitales para copiar obras protegidas. “De lo contrario -aseguran-, Hacienda dejará de recaudar IVA en productos en los que antes del canon nunca hubo fraude, la economía padecerá inflación en el sector y la Sociedad de la Información frenará su desarrollo”.
Por su parte, los representantes de la plataforma todoscontraelcanon, que ayer anunciaron que ya hay un millón de firmas en contra, argumentan que “los consumidores y usuarios, siendo considerados como si fueran delincuentes presuntos de la violación de los derechos de autor, serán los que pagarán los importes que las entidades de gestión de los derechos de autor pretenden obtener injustificadamente”.
