Los afectados por las demandas de las descargas se han organizado y han decidido contraatacar. Concretamente se han cursado más de cien denuncias, incluyendo a uno de los abogados que las emitan las denuncias, por delito procesal ya que dos de las empresas que en teoría representaban están disueltas.
En la denuncia se incluye documentación emitida por las secretarías de Estado de Nevada y de Wyoming para demostrar el cese de actividad de dichas empresas. Las demandas van dirigidas a un abogado, un procurador, un ciudadano norteamericano que presuntamente tiene los poderes para pleitos de propiedad intelectual y a la empresa que gestiona los pagos.
Para una información más completa podéis acudir a este enlace de El Diario.
