El próximo lunes comenzarán a declarar 20 de las 300 personas denunciadas como autores de un presunto delito de pirateo de la señal de televisión R, y se prevé que el procedimiento se amplíe a las más de 1.000 personas que el operador gallego de comunicaciones por fibra óptica ha detectado como usuarios de equipos pirateados en las cuatro provincias gallegas. En conjunto, las penas previstas en el Código Penal por los delitos de que se les acusan pueden llegar hasta los 4 años de cárcel.
Desde hace meses R trabaja con una nueva herramienta de gestión que, además de actuar como monitor del estado de los servicios y medidor de calidad, contribuye a reforzar la lucha antipirateo gracias al sistema de supervisión remota de los equipos que incorpora. Esta funcionalidad sólo se puede desarrollar sobre infraestructuras físicas de última generación como la fibra óptica que, al ser bidireccional –la información se intercambia en las dos direcciones, sin necesidad de utilizar la línea telefónica como sucede con el satélite- permite detectar los domicilios desde donde se está pirateando la señal. La implantación de esta novedosa herramienta ha arrojado un primer listado de más de 1.000 usuarios particulares con equipos pirateados en su poder que, o bien han modificado el descodificador que R les ha proporcionado o han adquirido uno a redes de delincuencia organizada.
Por otra parte, el pasado 23 de junio se celebró el primer juicio penal en Galicia contra un usuario particular por pirateo de la señal de televisión R, tras una denuncia interpuesta por el operador gallego por los delitos de estafa, contra la propiedad intelectual, defraudación de las telecomunicaciones y uso ilegítimo de terminal de telecomunicaciones.
“Esta iniciativa se enmarca en la lucha contra la delincuencia organizada y la piratería audivisual que comenzó el año pasado con las intervenciones policiales en los establecimientos donde se vendían los aparatos piratas, además de tratarse de una medida de protección a los consumidores que podrían resultar estafados al adquirir un equipamiento de baja calidad y sin homologación y que, no olvidemos, incluso podría dañar equipos de la red de cable o del propio cliente”, afirmó Alejandro Padín, gerente de asesoría jurídica de R.
En una primera fase, la policía judicial descubrió una cadena delictiva que comenzaba por un fabricante en Barcelona que vendía los aparatos piratas a un mayorista de Vigo que, a su vez, distribuía los equipos a varias tiendas ubicadas en A Coruña, Vigo y Santiago. En este caso, las tiendas, en connivencia con técnicos que hacían la manipulación final, se encargaban de vender los aparatos para su uso. En otros casos, eran los técnicos quienes cobraban directamente por modificar los descodificadores propiedad de R ubicados en los domicilios de los usuarios. Esos hechos motivaron la incautación de los diversos equipos y aparatos, así como la apertura de procedimientos judiciales de carácter penal contra los piratas.
