
La reforma de la Ley de Propiedad intelectual (LPI) que adaptará algunas decisiones de la Unión Europea multará con hasta 600.000 euros las infracciones "muy graves" relacionadas con la piratería, después de que la Ponencia del Senado que negocia la Ley haya incorporado un paquete de cinco enmiendas presentadas por el Grupo Popular en la Cámara Alta dejando de lado las de los demás grupos. El texto que había remitido el Congreso contemplaba una sanción de hasta 300.000 euros para infracciones graves. Por otro lado, las multas mínimas también ascienden: de los 30.000 euros hasta los 150.001 euros.
¿Qué no cambia?
No se recogen propuestas relativas a una modificación de la denominada 'Tasa Google. El PP tampoco ha planteado cambios para la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos del Estado (una partida de cinco millones de euros).
Precisamente sobre este asunto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá que pronunciarse ya que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado un auto, por el que acuerda plantear una cuestión prejudicial para saber si esta decisión es conforme al art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29 que establece que los Estados miembros podrán fijar excepciones o limitaciones al derecho de reproducción en cualquier soporte siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa
La Sala entiende que la compensación tiene que ser equitativa y debe reflejar el perjuicio sufrido, guardando un justo equilibrio entre los intereses de los titulares de los derechos de autor y de los usuarios, pero también afirma que no es claro que cargar dicha compensación a los Presupuestos Generales impida alcanzar esos objetivos
¿Qué debemos adaptar obligatoriamente por legislación de la Unión Europea?
La ampliación de 50 a 70 años el plazo de protección de artistas de obras musicales con letra, así como otra de 2012 por la que se establecen garantías jurídicas para las 'obras huérfanas'.
Trámite legal
El Consejo de Ministros aprobó en febrero la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, mediante el cual se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de 1996, y la Ley de Enjuiciamiento Civil, del año 2000. Con la aprobación de este Proyecto de Ley y sin perjuicio de realizar posteriormente una segunda reforma de más amplio calado en materia de Propiedad Intelectual, el Gobierno aborda una modificación parcial de la actual regulación para tratar aquellos aspectos que se consideran más urgentes.