La Comisión Europea ha hecho públicas las respuestas a una consulta pública sobre como mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual en la red. En el documento remitido por Telefónica, la operadora critica la Ley Sinde por dar potestad a una entidad administrativa no judicial para solicitar a las operadoras datos personales que identifiquen a los propietarios de webs de enlaces.
La Comisión Europea abrió a principios de año una consulta pública para escuchar a las partes interesadas, operadores, entidades de gestión y otros organismos gubernamentales, antes de adaptar la legislación europea sobre los derechos de propiedad intelectual a los nuevos desafíos que plantea el entono digital y en concreto la red de internet.
De todas ellas, nos interesa especialmente la respuesta de Telefónica, que viene a posicionarse respecto a las leyes anti-descargas que están surgiendo por distintos países.
Según Telefónica, se deben buscar nuevos métodos de mercado en los que europeos puedan obtener contenidos legales de una forma atractiva y fácil sin limitar las posibilidades del usuario, algo que de momento no está sucediendo de forma tan clara como en Estados Unidos, donde plataformas digitales como Netflix están arraigadas y están obteniendo un notable éxito.
Añaden que buscar una solución que únicamente busque penalizar a los internautas por compartir ficheros, como la que plantea la Ley Hadopi francesa de tres avisos, no es efectiva, ya que la mayoría de los que usan programas P2P no se plantean cambiar sus hábitos por estas normas, y que éstas se quedan fácilmente atrás en la medida que la tecnología avanza.
Apoyan el desarrollo de un sistema en el que los intermediarios (los operadores) y las autoridades judiciales trabajen conjuntamente para prevenir las descargas de contenidos protegidos.
"Creemos que una orden judicial previa es necesaria para entregar datos personales"
En este punto se realiza una crítica a las leyes que requieren a los operadores dar información personal de los infractores de copyright saltándose los tribunales.
Telefónica compara la legislación alemana, que en todos los casos requiere de una intervención judicial completa para identificar al infractor, con la Ley Sinde española, que contempla la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual que podrá solicitar datos a los proveedores de acceso y de hosting para identificar al responsable de una web, con el fin de remitirle la solicitud de retirada de los contenidos considerados ilegales. Telefónica señala que la intervención del juez sólo es para garantizar que las medidas no afectan a derechos fundamentales, pero la solicitud de datos personales también debería estar respaldada por una orden judicial.
En definitiva, el gigante de las telecomunicaciones de origen español propone que la Comisión Europea investigue las razones por las cuales no hay ofertas digitales legales atractivas en catálogo y precio, y que esto deriva en que los usuarios comparten contenidos protegidos. Por lo tanto, insta a buscar nuevos modelos de mercado anticipándose a las necesidades del usuario en lugar de penalizarlo.
