El llamado canon digital, la tasa que grava cualquier soporte o aparato capaz de copiar o reproducir un fichero o documento, ha sido puesta en cuestión por la subcomisión parlamentaria para la reforma de la Ley de Propiedad Intelecutal (LPI), formada por diputados del PSOE, PP, CiU, PNV y ERC: "Sería conveniente (...) profundizar acerca de las fórmulas que podrían establecerse para estrechar la relación entre el beneficio que produce al sector electrónico y la compensación a satisfacer, evitando su repercusión en el consumidor final". Hay que recordar que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) publicó el mes pasado el informe "Sobre la gestión colectiva de los derechos de la propiedad intelectual" en el que manifiesta con total rotundidad que España podría estar infringiendo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por permitir que las entidades de gestión (SGAE, AGEDI, etc.,) realicen una explotación abusiva de su posición dominante.
Actualizado: Conclusiones definitivas de la Subcomisión
Las ansiadas conclusiones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, van en la línea de lo expresado por la CNC que asegura que esta situación es así porque puede entenderse que es precisamente la Ley de Propiedad Intelectual española "la que hace factible que las entidades de gestión adopten o puedan adoptar de forma reiterada comportamientos abusivos de su posición de dominio". Además, la subcomisión se pronunció sobre otros asuntos.
Disposición Final de la Ley de Economía Sostenible
[Instan a] pacificar los conflictos, a fomentar el diálogo entre los diferentes sectores y a realizar los cambios necesarios parar establecer el consenso social en torno a los derechos de autor con una amplia oferta lícita de contenidos, con precios accesibles, con una normativa clara