El reglamento de la Ley Sinde que el Consejo de Ministros tuvo sobre la mesa el pasado viernes ha sido publicado por el diario El País. En su interior se detallan los pasos que seguirá la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para impedir el acceso a las webs de descargas.
El reglamento describe una secuencia de 15 pasos que comprenden desde la presentación de la denuncia por parte de los titulares de los derechos hasta el bloqueo del acceso a los contenidos denunciados por parte de las operadoras de telecomunicaciones.
No queda claro qué papel han reservado los autores del texto para las webs de enlaces: si el de prestadores o el de intermediarios. Se trata de un matiz importante puesto que las denuncias irán contra los prestadores, a los que se dará la oportunidad de alegar durante el proceso, pero en caso de fallarse en su contra, se ordenará a los prestadores que impidan el acceso. La jugada podría estar en considerar a las webs de descargas, como Megaupload o Rapidshare como los prestadores y a las webs de enlaces como intermediarios. En ese caso las webs de enlaces ni siquiera tendrían la oportunidad de defenderse al no formar parte del procedimiento y directamente tendrían que acatar la decisión de la Sección Segunda, retirando los enlaces a los ficheros.
Los proveedores de alojamiento entrarán en juego para identificar a los prestadores en un plazo de 48 horas desde que se les requiera. En caso de resultar imposible notificar el proceso al infractor para darle la oportunidad de retirar los contenidos voluntariamente o si habiendo sido notificado no lo hace, se recurrirá a los intermediarios para la ejecución forzosa. En el texto se les llama "prestadores de servicios de intermediación de las sociedad de la información cuya colaboración sea necesaria". Esta denominación puede incluir a la web que enlaza, el proveedor de hosting de la misma, carriers y proveedores de internet desde donde se conectan los usuarios. Cuando la web se aloje fuera de nuestro país, la responsabilidad recaerá sobre las operadoras de telecomunicaciones, que tendrán que alterar las rutas para dejar inaccesible desde España el servidor que aloja los archivos.
Aunque el Gobierno en funciones no consiguió el pasado viernes sacar adelante el reglamento, todavía queda un Consejo de Ministros previsto para el día 16. Fuentes cercanas a Industria aseguran que es cuestión de días que se intente de nuevo.
