Redtel, en representación de Telefónica, Vodafone, Orange y Ono, ha enviado un documento al Gobierno y a los grupos parlamentarios en el que piden que se simplifique la intervención de los jueces en los procesos de cierre de webs de descargas que contempla la LES y que la actividad de la Comisión de Propiedad Intelectual no sólo sea sancionadora sino educativa.
El procedimiento que actualmente contempla la ley para el bloqueo de webs es "complejo, enmarañado e ineficaz" a juicio de las operadoras, que piden que se cambie el procedimiento para que las denuncias sean tramitadas por la jurisdicción civil, sin pasar por la Audiencia Nacional. De no hacerlo, se elevará "la ya de por sí elevada litigiosidad" de los procesos relacionados con propiedad intelectual. Su propuesta es simplificar la intervención de los diversos organismos judiciales, lo que puede dar lugar a criterios contradictorios entre ellos, dejando que sean los juzgados de lo mercantil los que se encarguen de analizar cada caso.
Los operadores creen que la ley tal y como está formulada está destinada al fracaso, y sugieren varios cambios. El primero tiene que ver con el ámbito de actuación de la ley. Aunque se asegura que la intención es atacar las páginas de descargas, la redacción de la misma es tan genérica que podría tener "un campo de actuación mucho más amplio y, a priori, imposible de evaluar en su impacto económico y social". Esto refleja el temor de las operadoras a que la Ley se utilice no sólo para las páginas de descargas, sino para defender los intereses de los propietarios de los derechos en otros ámbitos.
Respecto a la comisión que analizará la pertinencia de cerrar una web, conocida como Comisión de Propiedad Intelectual, solicitan que se garantice la independencia y profesionalidad de las personas que la compongan y que además los usuarios estén representados en ella.
Además, piden que el papel de la Comisión no sea sólo sancionador, sino educativo. Para ello necesitarán competencias más amplias, de forma que puedan proponer medidas destinadas a mejorar la oferta legal de contenidos o de sensibilización de la opinión pública.
Esta información, que publica Ramón Muñoz citando fuentes de los grupos parlamentarios que han recibido el comunicado, contradice lo dicho hace unos días por Olcese, presidente de La Coalición, anunciando un gran acuerdo que incluía a las operadoras.
Cambios "meramente cosméticos"
En opinión del abogado especialista en nuevas tecnologías, Carlos Sanchez Almeida, la propuesta de los operadores está en línea con "los análisis jurídicos que se han venido realizando desde el mundo académico, donde catedráticos y profesores como Andrés de la Oliva y Andrés Boix Palop han comparado la Ley Sinde con normativas de estados totalitaristas y con la Ley de Prensa promovida en 1966 por el entonces ministro Manuel Fraga". De llevarse a cabo se eliminaría "la aberración que supone someter la interpretación de leyes civiles a tribunales contencioso-administrativos, cuya labor es la interpretación de las normas que afectan a la relación de la administración con los ciudadanos".
Desde mi punto de vista, los cambios procesales son meramente cosméticos, y en consecuencia inútiles. Todo lo que no sea modificar leyes sustantivas como el Código Penal o la Ley de Propiedad Intelectual no supondrá cambio alguno en el panorama actual. Y en cualquier caso, hasta para dichos cambios el legislador llegará tarde: la sociedad red ya es dueña de su propio destino en lo que se refiere a los bienes culturales. El futuro de los autores y artistas debe estar al lado de la sociedad, y no de sus antiguos amos, tan condenados a la extinción como la clase política que impulsa la Ley Sinde.
