El presidente de la asociación que representa a los principales ISP ha dicho que no volverán a sentarse con la industria de contenidos para negociar medidas contra el intercambio de archivos y que tendrá que ser el Gobierno el que legisle este asunto.
Aunque Industria ha animado a ambas partes a retomar las negociaciones e incluso La Coalición ha tendido la mano mostrándose dispuesta a renunciar a algunas de sus pretensiones, Redtel cierra en banda cualquier posibilidadde tomar medidas disciplinarias contra sus clientes, como la desconexión o la reducción de velocidad.
Las operadoras no están nada contentas con la decisión del gobierno de obligarles a pagar una tasa para financiar a TVE. Ni siquiera la promesa del dividendo digital les ha calmado y hoy mismo han anunciado una ofensiva legal y política contra el nuevo impuesto. Por eso, no hay ahora ninguna necesidad de facilitarle al gobierno el cumplimiento de su agenda antidescargas. Y más ahora, con la vecina ley Hadopi coja después de que el constitucional francés haya determinado que no respeta los derechos fundamentales.
Así que situados en esta posición de fuerza, Redtel deja claro que no tienen ninguna intención de aceptar voluntariamente una regulación para las descargas y que cualquier medida tendrá que ser legislada por el gobierno.
"Sólo cuando el Gobierno ponga sobre la mesa su plan de medidas, retomaremos la negociación", asegura, pero matizando que antes tendrá que "abrirse un amplio debate", lo que alejaría el secretismo con el que se había llevado hasta ahora este asunto. Cualquier legislación al respecto deberá "proteger a los usuarios y dar seguridad jurídica a los operadores".
Respecto a la reducción de velocidad propuesta por La Coalición y que en ningún caso fue aceptada por Redtel, ha dicho que "es inútil, la música, uno de sectores más perjudicados, seguiría siendo descargada con una conexión más lenta".
