La Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, compareció ayer en el Congreso, a petición de ERC/IU y PP para informar de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y sobre las intenciones del Gobierno de bloquear páginas web sin autorización judicial tal como se recoge en la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible. Para la ministra "un puñado de webs están poniendo en riesgo un negocio que aporta el 4% a la riqueza del país. Esto supone un riesgo para la economía en España y también en otros países".
"Se nos ha acusado de querer cortar la conexión de los usuarios a internet o de estar en contra del copyleft. Sólo trabajamos contra la injusticia", se ha defendido González-Sinde, para quien "los gobiernos de los 27 estamos poniendo énfasis en la actualización del marco comunitario de los derechos de autor", matizó la Ministra en una intervención que ha vuelto a ser una oda a una ley que pondrá en ridículo al legislador ante la imposibilidad de lograr sus objetivos.
"La figura del juez será central en el proceso. No se bloqueará ninguna web sin su intervención", ha reiterado González-Sinde, quien, no obstante, olvidó comentar el detalle más importante y no es otro que el juez no decidirá en principio sobre la licitud o no de los enlaces provistos por dichas webs, sino si sobre su cierre atenta contra el derecho fundamental a la libertad de expresión. ¿Y este atropello? Es que ya sabemos su opinión: la red P2P es legal.