Ayer la Comisión de Justicia del Congreso aprobó el dictamen del Proyecto de Ley de Conservación de datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas. El texto pasa ahora al Congreso. Esto es fruto del acuerdo de diciembre de 2005 y aprobado en febrero de 2006 por el que el Parlamento Europeo adoptaba (378 votos a favor y 197 en contra) la propuesta de directiva de la Unión Europea sobre retención de datos telefónicos y de comunicaciones electrónicas durante un periodo de entre seis y 24 meses con el fin de incrementar la lucha contra el terrorismo y otros delitos de importancia.
Según el redactado, las operadoras que comercialicen tarjetas prepago de telefónica móvil deberán llevar un registro con la identidad de los clientes y tendrán dos años para cumplir con las obligaciones de inscripción con las tarjetas adquiridas con anterioridad. Las que no cumplan, podrán ser desactivadas. Además, todas las llamadas telefónicas deberán ser registradas, tanto las recibidas como las perdidas o no contestadas. Igualmente, tendrán que retenerse los datos de correo electrónico.
Según el artículo 6.2, podrán acceder a la información los "agentes facultados", esto es, "miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad", "funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera" y "personal del Centro Nacional de Inteligencia". El artículo 1.3 del Proyecto matiza que "se excluye del ámbito de aplicación de esta Ley el contenido de las comunicaciones".
