El Parlamento europeo se había opuesto inicialmente a iniciativas como las del Gobierno francés y, en este sentido, se redactó la enmienda 138 que establecía que cualquier medida que restrinja derechos fundamentales o libertades "debe tomarse en circunstancias excepcionales" y obligaba a una intervención judicial. Esta enmienda ha sido suprimida en los debates preliminares del Paquete Telecom (en una nueva lectura del mismo). El próximo 4 de noviembre se celebrará la primera reunión formal del comité de conciliación del Parlamento y el Consejo Europeos, encargado de llegar a un acuerdo que satisfaga a todos. Los miembros del comité tendrá hasta el 20 de diciembre para decidir el futuro de internet en los 27 estados miembros.
La propuesta que han enviado al Consejo de Europa estipula que debe existir en todos los países de la UE un procedimiento estándar antes de aplicar una sanción a un internauta, pero no concreta que sea un juez o una autoridad civil quien deba participar en él. Serán los estados los que designen un cuerpo administrativo o jurídico dedicado a estas decisiones. En el caso de España, y gracias a la Constitución en su artículo 18.3, sólo un juez puede vulnerar el secreto de las telecomunicaciones.
Entre los miembros del Parlamento que han optado por suprimir la enmienda se encuentra el español Alejo Vidal-Quadras cuya labor ha sido, cuando menos, extraña. La libertad no se negocia. Eso pensábamos.
