Unico 5G Redes Activas obliga a las operadoras a desmontar de las antenas subvencionadas equipos de fabricantes que sean considerados de alto riesgo, lo que perjudica de forma indirecta a la red que Orange y Vodafone comparten actualmente en municipios de pequeño tamaño.
El programa de subvenciones públicas procedentes de fondos europeos Único 5G Redes Activas financia el despliegue de la red 5G SA a las operadoras que participen en la convocatoria abierta para llevar este tipo de cobertura móvil a ciudades con menos de 10.000 habitantes, donde en la actualidad el 4G no es capaz de ofrecer más de 50 Mbps de velocidad. Con esta medida el Gobierno quiere garantizarse que la red de nueva generación llega por igual a todo el país, dado que estas son las zonas que resultan menos rentables para las compañías.
Este programa subvenciona el equipo activo, es decir, los dispositivos electrónicos necesarios para el funcionamiento de la red, desde las antenas, sean paneles pasivos como los de 700/800/900 MHz, hasta las más recientes n78 de 3.600 MHz que se conectan por fibra y llevan la electrónica integrada con el fin de hacer MIMO masivo de forma eficiente. También se cubren las unidades de radio que se suelen instalar más abajo en la torre y la de banda base que se ubica en la caseta.
Estas antenas tendrán que ofrecer señal 5G SA, también conocido en España como 5G+ gracias a Orange, con una velocidad mínima de 100 Mbps de descarga y 5 Mbps de subida. Sin embargo, una restricción importante que se ha introducido al publicar la convocatoria son los fabricantes de equipos que podrán emplearse. Como señala Expansión1, el texto incluye una "condición especial de ejecución":
Si una vez ejecutado el proyecto, el suministrador 5G seleccionado por el beneficiario es declarado de riesgo alto, el beneficiario deberá proceder a la sustitución del equipamiento de dicho suministrador por el de otro que no se encuentre en dicha situación, realizando a su coste el cambio del equipamiento que pudiese encontrarse ya instalado. Dicha sustitución se habrá de realizar en un plazo máximo de 24 meses, y siempre en un plazo inferior al que esté fijado por la legislación vigente en su momento.
Las operadoras podrán utilizar el fabricante de su elección, pero si este resulta declarado de riesgo en algún momento, les tocará pagar de su bolsillo los cambios. Esto se traduce en que nadie usará fabricantes sobre los que planee la sospecha.
La Ley de Ciberseguridad 5G ya obliga a las operadoras a retirar en un plazo de 5 años equipos de fabricantes de alto riesgo de zonas críticas de su red, como el núcleo y de antenas que den cobertura a puntos sensibles, como zonas militares o instalaciones nucleares. Sin embargo, aunque las marcas prohibidas debían conocerse 3 meses después de aprobarse la ley, hasta el momento no hay noticias del listado. Desde Europa sí se menciona por nombre a las chinas Huawei y Zte en su informe sobre seguridad 5G publicado hace unos días2.
Esta limitación no afecta a Movistar, que parte con ventaja al utilizar exclusivamente equipos de los fabricantes europeos Ericsson y Nokia, pero sí es un jarro de agua fría para Orange y Vodafone. Ambas comparten red móvil en municipios de menos de 175.000 habitantes y esta red está compuesta al 50% por equipos de Huawei. Introducir otra marca en poblaciones intermedias donde se solapa la cobertura supone un problema técnico, por lo que en caso de presentarse a las subvenciones aceptando usar marcas europeas, también tendrán que sustituir equipos en municipios adyacentes.
