La desconexión de los sitios web que decida la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual tendrá un coste, derivado de la tramitación e implantación de las medidas técnicas necesarias para hacer efectivo el bloqueo. Operadoras y proveedores de hosting advierten que no están dispuestos a poner dinero de su bolsillo.
El Reglamento no habla exactamente de "operadoras", sino de servicios de intermediación. Estos pueden ser cualquier empresa u organismo que preste un servicio necesario para el funcionamiento de una web. Puede referirse tanto a las operadoras, como a los proveedores de hosting o incluso a los registradores de dominios. Cualquiera de ellos podrá recibir un requerimiento judicial para hacer efectivo el bloqueo. Las operadoras, para que alteren la respuesta de sus DNS o bloqueen rutas. Los proveedores de hosting, cuando la web se aloje en territorio nacional, para que desconecten el servidor. Incluso NIC.es podría tener que modificar las DNS autoritativas de un dominio español si es utilizado por la web denunciada.
Estas empresas tendrán que dedicar recursos humanos y técnicos específicamente para este propósito y esto tiene un coste económico que no está claro quien va a soportar. El Reglamento de la "Ley Sinde" explica que "El gasto que pueda generar la puesta en funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual será asumido con los actuales medios con los que cuenta el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte". Pero no habla del gasto y perdida de negocio que supondrá para las empresas a las que se exigirá su colaboración.
Redtel y ANEI piden compensaciones
Telefónica, Orange, Vodafone y Ono, a través de Redtel, se muestran preocupadas, aunque confían en que el nuevo ejecutivo no les imponga una nueva carga administrativa más. En declaraciones al diario El Economista, Redtel lamenta "que sólo se haya avanzado en la línea de la penalización", y recuerdan que "la solución a la piratería pasa por fomentar una oferta legal atractiva de contenidos digitales, cuestión que no se ha tenido en cuenta en la Ley".
Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas de Internet no duda en tachar la norma de "ineficaz".
"La ley Sinde es un placebo, no resultará efectiva en la persecución de actividades que vulneren los derechos de la propiedad intelectual, ya que las páginas de descargas se alojan en hostings extranjeros y no en los españoles".
Desde esta asociación, que representa a varios proveedores de hosting, reclaman que el gobierno compense los gastos derivados de la aplicación de los bloqueos.
