Hola, acabo de leer la noticia de que el Gobierno ha aprobado hoy un nuevo reglamento que regulará las condiciones del servicio de las operadoras de internet y telefonía. Se trata del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios. Cabe destacar lo siguiente:
- El abonado puede rescindir el contrato en cualquier momento, teniendo como único requisito realizar un preaviso de 15 días de antelación. Si el operador no procede a la rescisión del contrato, no podrá presentar facturas o documentos de cargo una vez transcurridos 15 días.
- La operadora deberá indemnizar por cortes temporales del servicio.
- La operadora deberá tener un SAT especializado, en contacto directo con la Administración y el coste de su uso para el usuario no puede ser superior al de la tarifa del servicio contratado.
- Tanto el contrato como la página web de la operadora debe incluir claramente sus datos de contacto y del SAT. También debe facturarse independientemente las llamadas a números de tarificación adicional e internacionales. El contrato debe especificar claramente los niveles de calidad garantizados por el servicio y el usuario podrá presentar reclamación inmediata si ese nivel se incumple.
- El uso de los datos de trafico, facturación y datos personales del usuario deberán tener autorización expresa y directa del usuario. Se acabó el "si usted no responde a esto daremos por entendido que tenemos permiso para usar sus datos", ahora tendrán que recibir una autorización expresa del usuario.
- Se consolida el "acceso funcional a Internet" como parte integrante del Servicio Universal de Telecomunicaciones y se especifica el procedimiento de licitación para la designación del prestador de dicho servicio
Toda la info en: El Mundo
Un saludo a todos.
Más información en la nota de prensa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El Reglamento aprobado hoy en Consejo de Ministros completa la transposición de las directivas comunitarias sobre comunicaciones electrónicas, desarrollando la Ley General de Telecomunicaciones.
