Las operadoras móviles tienen un cheque en blanco del gobierno para instalar una nueva generación de antenas de telefonía móvil de pequeño tamaño que podrán ubicarse en farolas y otro mobiliario urbano sin pedir permiso ni pagar impuestos.
Qué es una small cell 5G
Las llamadas small cells son una de las armas con las que cuenta el 5G para masificar la cobertura en zonas con gran densidad de usuarios, garantizando alta velocidad simultánea.
Las estaciones base convencionales de telefonía móvil tienen paneles radiantes que apuntan en distintas direcciones. Cada panel ofrece un caudal máximo a compartir entre todos los usuarios situados dentro del área que cubre. Un panel convencional 4G trabajando en 800 MHz ofrece unos 75 Mbps. Dada la buena cobertura que tiene esta banda, en el área cubierta puede llegar a haber miles de personas, lo que reduce la velocidad que recibe cada una.
El 5G tiene dos armas para lidiar con esta situación. La primera es el MIMO masivo, paneles con hasta 64 microantenas capaces de focalizar varios haces a la vez hacia distintas zonas, cada uno con su propio caudal. La segunda es la masificación de small cells.
Si en vez de una antena convencional con gran cobertura se colocan decenas de pequeñas antenas que cubren un área más reducida, se consigue que el caudal de cada una se comparta con menos usuarios, recibiendo cada uno más velocidad.
Trato especial para las micro antenas 5G en la LGT
Las operadoras se preparan para desplegar esta solución en zonas muy concurridas, centros de grandes ciudades, aeropuertos y estaciones de transporte, así como estadios y lugares de celebración de eventos.
El gobierno les facilita enormemente la tarea, librándoles de todos los trámites burocráticos por los que deben pasar las antenas de telefonía móvil habituales. La Ley General de Telecomunicaciones (LGT) da a las operadoras el derecho a acceder a cualquier infraestructura física que esté en manos de la administración para instalar small cells, incluyendo las de gobiernos autonómicos y ayuntamientos.
Se garantiza que los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas tengan derecho a acceder, en los términos establecidos en la normativa europea, a cualquier infraestructura física controlada por las Administraciones públicas que sea técnicamente apta para acoger puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas o que sea necesaria para conectar dichos puntos de acceso a una red troncal, en particular mobiliario urbano, como postes de luz, señales viales, semáforos, vallas publicitarias, paradas de autobús y de tranvía y estaciones de metro.
Las operadoras podrán instalar los equipos directamente sin necesidad de tramitar ningún permiso previo, siempre que no se trate de elementos protegidos por su valor histórico o natural.
Para la instalación o explotación de los puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas y sus recursos asociados, en los términos definidos por la normativa europea, no se requerirá ningún tipo de concesión, autorización o licencia nueva o modificación de la existente o declaración responsable o comunicación previa a las Administraciones públicas competentes por razones de ordenación del territorio o urbanismo, salvo en los supuestos de edificios o lugares de valor arquitectónico, histórico o natural que estén protegidos de acuerdo con la legislación nacional o, en su caso, por motivos de seguridad pública o seguridad nacional.
Además este despliegue va a salir muy económico, puesto que la ley les exime de pagar cualquier tributo a los ayuntamientos y otras administraciones por hacerlo.
La instalación de los puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas no está sujeta a la exigencia de tributos por ninguna Administración Pública, excepto la tasa general de operadores.
La anterior Ley General de Telecomunicaciones aprobada en 2014 supuso una revolución para el despliegue de la fibra en España, gracias a que autorizaba a las operadoras a desplegar el cableado por fachadas y otras infraestructuras sin necesidad de pedir permiso. La nueva LGT quiere repetir la jugada, esta vez con el despliegue de 5G, para colocar de nuevo al país a la cabeza de los rankings europeos de despliegue de la red de nueva generación.
