La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales se opuso a que la CNMC prorrogue la obligación de que Telefónica comparta su fibra con otros competidores, advirtiendo que hacerlo pone en riesgo los objetivos de la agenda España Digital 2025 y que propicia que Movistar tenga precios más caros en las zonas rurales.
La CNMC liberó a una buena parte de la red de fibra de Telefónica de la obligación de alquilarla a otras operadoras. 696 municipios, donde se encuentran 3 de cada 4 hogares cubiertos por la fibra de Movistar, pasaron a formar parte de la llamada zona libre. En el resto del país, principalmente pueblos y zonas rurales, el regulador decidió mantener la obligación de que Movistar ceda el acceso de fibra de su propiedad a otras operadoras a un precio regulado para que puedan comercializar sus productos donde éstas no tienen red propia.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se opuso a que se prolongara esta obligación, según consta en la resolución de la CNMC1. A su juicio, al hacerlo "se corre el riesgo de desincentivar la inversión privada en redes, no cumplir con los objetivos marcados y crear una brecha digital", por lo que pidió "un cambio en el modelo regulatorio".
El objetivo de 100 Mbps para el 100% de la población en peligro
El Ministerio persigue cumplir el objetivo marcado en el plan España Digital 2025, en el que se promete que para entonces el 100% de la población tendrá acceso a una conexión de al menos 100 Mb. A finales del 2020 el porcentaje estaba en el 87,6%, pero cada vez es más difícil seguir subiendo puntos porcentuales, puesto que las viviendas por cubrir están en zonas más aisladas.
El ministerio identificó 340.000 zonas donde se ubican 2,5 millones de hogares con problemas para acceder a los 100 Mb. El programa Único-Banda ancha destinó 250 millones de € para incentivar a las operadoras a desplegar en estas zonas. Movistar, Adamo y Avatel fueron los ganadores. Sin embargo, el Ministerio cree que estas ayudas no serán suficientes para llegar al objetivo marcado y solo podrá conseguirse si se retiran las obligaciones impuestas a Telefónica para que le resulte más atractivo continuar los despliegues.
La desregulación es necesaria para alcanzar una cobertura del 100% en toda España, que precisa de inversiones en los municipios de la zona 2, que son más complicados de cubrir debido a su menor rentabilidad. Las ayudas públicas son insuficientes y es necesaria la iniciativa privada.
La regulación frena la inversión de Telefónica en el rural
Para el Ministerio la regulación actual demoniza la inversión de Telefónica en estas zonas considerándola "un instrumento de monopolio inexpugnable", obligándole a compartir su red si lo hace, mientras que el resto de operadoras es libre de hacer su propio despliegue sin tener que compartir. A esto se suma que "el sector se encuentra en una situación económica complicada debido a la caída de los ingresos (y los ingresos por línea) y la inversión en 2020 y del empleo".
El Ministerio también alerta de un efecto que ya ha empezado a producirse: "que solo los consumidores de la zona no regulada se beneficien de los descuentos ofrecidos por el operador con PSM", es decir, que Movistar dirija sus ofertas solo a las zonas liberadas, teniendo que pagar el resto de usuarios precios más caros. La CNMC admitió que esto es una posibilidad, pero que lo que "sucede de forma generalizada en la actualidad" es que se fijan "precios uniformes para todo el territorio nacional". Solo pocas semanas después Movistar ha empezado a cumplir los vaticinios del Ministerio, dejando sin poder contratar sus promociones más agresivas a los usuarios fuera de la zona competitiva.
No habrá fibra en todos los sitios donde hubo cobre
Telefónica se marcó inicialmente el objetivo de reemplazar el 100% de la antigua red de cobre por fibra para 2025, pero ahora sabemos que este objetivo no se cumplirá. Por primera vez la operadora ha renunciado a llevar su propia red de fibra y recurrirá la red de Adamo y otros operadores rurales en zonas donde no va a reemplazar el cobre. También ha cancelado el cierre de 73 centrales de cobre y otras 40 se apagarán sin haber sido sustituidas por fibra, ofreciendo a los abonados soluciones FWA por radio.
De momento esta situación continuará durante otros 3 años, aunque la CNMC admite que para 2024 podría retirar todas las obligaciones de la fibra indirecta, con lo que Telefónica recuperaría finalmente la libertad para utilizar su red de fibra de forma exclusiva.
