La CNMC ha enviado a todos los operadores registrados una circular en la que traslada la orden de un juzgado de filtrar el acceso de un único condenado a las redes sociales. Se trata de un preocupante precedente que añade más carga a las operadoras de cualquier tamaño para que se conviertan en guardianes de la red.
El profesor y perito Pablo Duchement publica en Twitter la notificación que CNMC ha enviado a los proveedores de internet registrados para trasladarles la orden de un juzgado penal de bloquear el acceso de un condenado a las redes sociales.
El sujeto ha sido condenado por un Juzgado de lo Penal a pena de prisión e inhabilitación, pero adicionalmente el oficio solicita a la CNMC que comunique a todas las compañías inscritas en el Registro de Operadores como prestadores de servicios de internet que durante dos años se cancelen las cuentas en redes sociales del usuario y se le impida el acceso a las que tengan presencia de menores, mencionando a Facebook, Twitter, Instagram y Tik Tok. El regulador de las telecomunicaciones se ha limitado a trasladar la orden judicial sin entrar a valorar el fondo del asunto.
Cualquiera con un poco de conocimiento de cómo funcionan las redes entenderá que la petición es bastante absurda, puesto que las operadoras no pueden identificar de forma precisa quién está usando la conexión. En el caso de que el sujeto contrate a su nombre una línea, la operadora tendría que aplicar un filtro selectivo exclusivo para el usuario, lo que sienta un preocupante precedente. Además se pide que las operadoras cancelen las cuentas personales abiertas por el usuario, labor que no les corresponde ni está a su alcance, lo que demuestra el desconocimiento de cómo funciona el ecosistema de las redes sociales por parte del juez.
Al estar dirigida la orden a la totalidad de operadores registrados y no solo a los de mayor cuota de mercado, como se hace habitualmente en este tipo de peticiones, incluso operadoras locales de tamaño y recursos limitados tendrían que implementar en su red los costosos equipos necesarios para ejecutar este tipo de bloqueo. Por otra parte, los bloqueos que las operadoras pueden aplicar están regulados en la normativa europea sobre neutralidad de la red, que no contempla el bloqueo selectivo a medida de un único usuario.
Los poderes públicos están cada vez más cargando a las operadoras una responsabilidad de vigilantes de la red que no debería corresponderles y que les obliga a invertir en sistemas de filtrado que además de capacidad de proceso requieren el mantenimiento constante para que identificar correctamente los tipos de tráfico.
