Se abre un nuevo frente en la lucha de los usuarios de internet para frenar los bloqueos de LaLiga y Movistar que desde febrero afectan cada fin de semana a miles de direcciones IP. Como se ha demostrado repetidamente, al tratar de impedir el acceso al fútbol pirata, se perjudica a miles de servicios sin ninguna relación.
En esta ocasión la iniciativa parte de dos veteranas asociaciones de defensa de los derechos de los internautas: la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet, de la mano de la Fundación España Digital (FED).
En su momento estas entidades encabezaron algunas de las protestas más sonadas en la red, como la que hizo posible la tarifa plana a finales de los 90 o una década después, las protestas contra el canon digital y contra la Ley Sinde que permite el bloqueo de webs por parte del Ministerio de Cultura. Muchos usuarios han echado de menos el activismo que la red demostró en aquellos momentos, a la hora de hacer frente en la actualidad al que es el ataque más grave que ha sufrido nuestro país a la neutralidad de la red.
Las tres organizaciones han presentado conjuntamente una reclamación1 al Defensor del Pueblo para que inste a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID) y a la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC), a que intervengan de oficio ante los bloqueos.
La SETID es el organismo público dependiente del Ministerio para la Transformación Digital que tiene encomendada la supervisión de los proveedores de internet para asegurar la neutralidad de la red, mientras que la CNMC es el regulador que vigila la competencia del sector de las telecomunicaciones. A pesar de la fuerte polémica y el evidente daño a la conectividad del país, hasta la fecha ninguno de estos dos organismos ha querido pronunciarse. Esta falta de acción hace posible que se sigan vulnerando derechos.
Al permitir esta situación, los poderes públicos están validando que se vulneren los artículos 9, 20.1 a), 20.1 d), 20.5, y 38 de la Constitución Española, y provocando daños a terceros sin causa legítima y con el único fin de proteger unos intereses económicos particulares.
La reclamación acusa a las entidades privadas promotoras del bloqueo de conculcar derechos fundamentales la libertad de expresión, de información y libertad de empresa. Además alerta del riesgo de futuras intervenciones en la conectividad por parte de entidades privadas que quieran seguir el ejemplo de LaLiga y Telefónica para proteger sus intereses.
Y lo más grave, esto sienta un peligroso precedente para futuras intervenciones privadas sobre la red y los derechos digitales de todos los ciudadanos, inadmisible en cualquier Estado de Derecho.
El Defensor del Pueblo es un ente independiente nombrado por el Congreso y el Senado, al que los ciudadanos pueden solicitar gratuitamente su intervención para que investigue actuaciones presuntamente irregulares de la administración. Sus decisiones no son vinculantes, aunque tienen peso moral.
Tercer frente contra los bloqueos
El caso de los bloqueos también está en la mesa del Tribunal Constitucional gracias al trabajo de RootedCON, que solicitó medidas cautelares para impedir que se sigan aplicando en su forma actual. También el Gobierno tendrá que responder por escrito antes del día 18 de junio a algunas preguntas que el grupo BNG presentó en el Congreso.
Aunque estamos en medio de una pausa, al haber finalizado la temporada futbolística de 2024-2025, se espera que los bloqueos vuelvan con fuerza a finales de agosto junto con el inicio de la próxima temporada.
