El derecho a tener una conexión de banda ancha en cualquier punto del país, con una velocidad mínima establecida y a un precio asequible, puede ser una realidad próximamente. Así lo acaba de anunciar el Ministerio de Industria, que convocará una consulta pública para que los operadores opinen sobre las características que tendrá el servicio.
En algunas zonas del país es imposible contratar una conexión ADSL debido a que no hay infraestructuras de telecomunicaciones. Núcleos rurales y viviendas aisladas tienen que apelar a su derecho al servicio universal para que Telefónica les instale una línea de teléfono. Sin embargo, la operadora no tiene ninguna obligación de dar ADSL sobre esa línea si no le resulta rentable. Esta situación puede cambiar si se aprueba la medida propuesta hoy por el Ministerio de Industria.
El Servicio Universal reconoce entre otros, el derecho de todo ciudadano a disponer de una conexión a Internet, independientemente de su lugar de residencia, con una velocidad determinada y a un precio razonable. Sin embargo, la norma habla de un acceso "funcional", lo que en la práctica se traduce en poder utilizar un módem RTB y navegar a una velocidad de alrededor de 33,6 Kbps. Evidentemente, este tipo de conexión es inútil en la actualidad para moverse por la red.
Esta es una de las reivindicaciones históricas de la Asociación de Internautas. Según Francisco Ros, Secretario de Estado para la SI, España aprovechará la presidencia de la UE para aprobar una Carta de Derechos de los Usuarios de Comunicaciones Electrónicas que contemple esta medida. Esperemos que esta promesa no tenga el mismo destino que la de garantizar el 80% de la velocidad.
