Voy a poner un ejemplo práctico de cómo funciona el sistema. Basta consultar la Memoria 2007 de la Federación Antipiratería (FAP) [PDF]. Se constata que existe una "industria" paralela a la de los creadores de contenido: la "industria antipiratería", que da trabajo a decenas de abogados y peritos, y que según sus propias cifras mantienen abiertos más de 3.000 procedimientos judiciales. Existe un beneficio económico directo e independiente de la remuneración a los autores por sus obras. Por otro lado, en la citada Memoria 2007 de la FAP pueden leerse los reconocimientos y medallas otorgados a diversos agentes de policía por parte de la industria audiovisual.
Carlos Sánchez Almeida, de Bufet Almeida, responde a las preguntas de Consumer y en este caso que citamos, a cómo la industria "alecciona" a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero no sólo a ellos:
La misma Memoria 2007 a la que antes aludía ofrece ejemplos de cursos y seminarios a funcionarios de la Administración de Justicia. Con todo, el poder judicial es el que mejor ha sabido mantenerse al margen de las presiones de los lobbies, a diferencia de lo que ocurre con los poderes ejecutivo y legislativo (...) Afortunadamente hay muchos jueces para los que no rige ni la ley del embudo ni la doble vara de medir y aplican la ley con rigor y honestidad.
Respecto al manido P2P, Almeida reflexiona no sólo en clave jurídica sino desde una perspectiva social para defender el acuerdo al que debemos llegar:
Tal como establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que debería ser reflejo nuestra Ley de Propiedad Intelectual, debe existir un equilibrio entre derechos de autor y derecho ciudadano a la cultura. Entre los dos extremos, el de los partidarios del Copyright ultrarrestrictivo y el de la piratería pura y dura, hay infinidad de gamas de grises. Deberíamos ser todos más flexibles: los partidarios de la industria, si realmente quiere sobrevivir; los defensores del Copyleft, si realmente quieren convertirse en una alternativa libre de sectarismos; y sobre todo, los jueces, en cuyas manos está impedir interpretaciones de la ley que restrinjan las libertades.
