Iberdrola lleva años detectando la ocupación sin permiso de su infraestructura por parte de la operadora Adamo, según asegura en una queja elevada al regulador de las telecomunicaciones, tras constatar recientemente un aumento de esta práctica especialmente en pueblos de la provincia de Ávila.
Según la eléctrica, Adamo ha estado instalando sus cables de fibra utilizando como soporte la red de distribución de energía eléctrica, sin pedir permiso ni respetar la distancia de seguridad reglamentaria que se exige respecto a los conductores eléctricos, lo que, a su parecer, supone un riesgo.
Los municipios mencionados en la denuncia son El Bohodón, Tiñosillos, Hernansancho, Mamblas, Cantiveros, Palacios de Goda, Fuentes de Año, Canales, El Oso, Aveinte y El Barraco, todos ellos en la provincia de Ávila, una de las 17 en las que Adamo fue adjudicatario en la convocatoria Unico Banda Ancha del año 2021, en la que obtuvo un total de 98 millones de € de subvenciones para llevar fibra a 312 mil hogares.
Aunque las operadoras tienen derecho a utilizar este tipo de infraestructuras para sus despliegues de fibra, deben solicitar previamente acceso a su propietario y negociar un precio, además de respetar la normativa sectorial.
Adamo rechazó las peticiones que i-DE le ha venido haciendo desde 2021 para regularizar la ocupación, ya que a su parecer se trata de la infraestructura del alumbrado público, entendiendo que es propiedad de los ayuntamientos, con los que había obtenido los permisos necesarios.
La resolución de la CNMC1 obliga a i-DE y a Adamo a negociar un acuerdo para regularizar el tendido, planteando alternativas para aquellos tramos que no cumplen el reglamento de baja tensión. Donde no exista alternativa, Adamo tendrá 2 meses para desmontar sus cables. Pasado este tiempo, si no lo ha hecho, i-DE podrá proceder a hacerlo por su cuenta.
La CNMC recuerda a Adamo que tendrá que avisar con un mes de antelación a los usuarios que vayan a verse afectados por el corte del servicio como exige la normativa, con el fin de que puedan buscar alternativas.
Los conflictos entre operadoras y con empresas de distribución de energía son cada vez más frecuentes. El último que conocimos implicaba a Telefónica por el uso de la infraestructura de otra eléctrica para pasar acometidas de fibra hacia algunas viviendas de clientes.
