La última campaña de bloqueos indiscriminados ejercida por LaLiga y Telefónica para perseguir las emisiones piratas durante los partidos de fútbol, podría tener las horas contadas si sale adelante la solicitud presentada por un grupo de afectados ante el juez que autorizó las medidas.
La comunidad de ciberseguridad y organizadores del congreso Rooted CON ha dicho basta a los bloqueos de LaLiga, no solo en las redes sociales como hacemos la mayoría de los perjudicados, sino en el único lugar donde las reclamaciones pueden tener un efecto real: los juzgados. Para ello ha reunido a un grupo de afectados, empresas completamente legales, algunas de ellas medios de comunicación cuyo acceso está protegido constitucionalmente, que no pueden recibir visitas de clientes y lectores cuando se activan los bloqueos.
LaLiga orquesta los bloqueos amparándose en una reciente sentencia judicial donde Vodafone, MásOrange, Digi y Movistar aceptaron sin protestar las peticiones de LaLiga y Telefónica. El juez autorizó bloquear un listado inicial de 115 direcciones IP que ambas entidades pueden actualizar los días de partido con nuevas IP relacionadas. Dado que ECH ha mejorado el cifrado de las webs seguras inutilizado el sistema de bloqueos empleados hasta ahora, LaLiga y Telefónica ha empezado a incluir direcciones IP que además de los piratas, también son utilizadas por miles de usuarios sin ninguna relación, los cuales se ven perjudicados.
Cloudflare fue el primero en iniciar acciones legales, acusando a LaLiga de ocultar al juez el verdadero impacto de su bloqueo. Ahora se suma Rooted CON con una iniciativa legal paralela que persigue los mismos objetivos: anular la sentencia que autorizaba los bloqueos.
Desde RootedCON, hemos planteado un incidente de nulidad frente a la sentencia empleada por La Liga para forzar a las operadoras a bloquear y restringir el acceso a internet, que han afectado directamente a empresas e individuos.
El escrito ha sido presentado hoy por el abogado especializado en derecho aplicado a internet Javier A. Maestre en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, solicitando un incidente de nulidad y aportando un informe pericial que demuestra los efectos perjudiciales que el bloqueo ejerce sobre terceros. La solicitud se fundamenta en que en el proceso se han vulnerado los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva además de las libertades de expresión e información, todos ellos recogidos en la Constitución.
