El Gobierno y los Ministerios competentes han evitado hasta la fecha pronunciarse públicamente acerca de los bloqueos del fútbol que vienen afectando a la conectividad de internet en España desde el mes de febrero. Preguntados en varias ocasiones por la prensa a raíz de los numerosos casos en que los bloqueos de IPs han dejado fuera de línea a webs institucionales, de ayuntamientos y decenas de miles de webs alojadas bajo dominios nacionales punto es, la respuesta oficial ha sido evitar valorar el asunto.
El Gobierno no tiene nada que decir: “Respetamos las decisiones judiciales”, dicen fuentes del Ministerio para la Transformación Digital.
Puertas para adentro, sí hay una posición oficial. La encontramos en su respuesta a la consulta pública de la Comisión Europea en la que se pide al sector opiniones sobre la efectividad de las recomendaciones vigentes1 sobre cómo luchar contra la piratería online de deportes y otros eventos en directo.
La contribución del Gobierno Español a esta consulta tiene fecha del 6 de junio y la firma la Subdirección General de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura de España2.
Una frase entre 11 páginas
Para entonces, los bloqueos habían llegado al Congreso, al Defensor del Pueblo y por duplicado, al Tribunal Constitucional, pero nada de ello se menciona en la versión de los hechos que Cultura remite a Bruselas. El texto de 11 páginas dedica una sola frase a la polémica de los bloqueos indiscriminados:
Sin embargo, al monitorizarlos a nivel de IP, se han registrado ocasionalmente quejas por bloqueo excesivo.
Luchar contra la piratería de eventos en directo requeriría una dedicación 24/7, "actualmente imposible con los medios disponibles" en la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, organismo que desde 2012 se encarga del cierre de webs infractoras de derechos. Sus procedimientos no sirven para frenar la piratería de eventos en vivo, que requiere la monitorización de los recursos originalmente bloqueados para aplicar bloqueos dinámicos, "lo cual obviamente sólo lo pueden llevar a cabo denunciantes del tamaño de LaLiga, con enormes medios tecnológicos", añade.
VPN, Telegram y WhatsApp
El Ministerio dice que hay un aumento en el uso de herramientas destinadas a evadir bloqueos, señalando entre otras a las VPN:
Hay un aumento constante en el uso de servicios que anonimizan a los infractores, neutralizan las medidas de bloqueo o dificultan la persecución de la eliminación de contenido: DNS, CDN, proxy inverso, uso de redes privadas virtuales (VPN), sitios espejo (que trasladan contenido infractor de un sitio web a otro), el papel de las redes sociales en las redirecciones y como fuente de contenido en streaming, así como una migración persistente de servicios infractores a plataformas cifradas (p. ej., Telegram) y redes privadas de IPTV.
También destaca el auge en el uso de canales y grupos de Telegram y WhatsApp. Para ellos pide que la Ley de Servicios Digitales les considere servicios de intermediación "con el fin de imponerles obligaciones de cooperación con los titulares de derechos, las autoridades competentes y los tribunales".
Pide a Google y Cloudflare que cumplan las órdenes de bloqueo
Cultura se alinea con la postura de Telefónica, que en su respuesta a la misma consulta culpaba a nuevas tecnologías como ECH, de evadir los sistemas de filtrado que las operadoras usan en sus redes para bloquear. Además señala por nombre a Google y Cloudflare como los "proveedores de estos servicios".
En cuanto a los servicios que permiten la anonimización del acceso y, por lo tanto, permiten a los usuarios acceder a contenido ilegal, incluso cuando los proveedores de servicios de internet (ISP) han implementado medidas de bloqueo, cabe señalar que dicha funcionalidad compromete gravemente la eficacia de las medidas de interrupción del servicio adoptadas por la ISP para impedir el acceso a dicho contenido.
Por lo tanto, se considera necesario que los proveedores de estos servicios, incluidos Google y Cloudflare, cooperen activa y diligentemente en la ejecución de las órdenes de bloqueo emitidas por las autoridades competentes, a fin de garantizar la eficacia de las medidas adoptadas para la protección de los derechos de propiedad intelectual vulnerados.
