Tal y como se esperaba, en una comparecencia que ha tenido lugar hace escasos instantes, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, presentaron la disposición final de Ley Economía Sostenible que contiene la normativa para regular Internet y ha aprobado el procedimiento que permitirá bloquear o cerrar páginas web de descargas de archivos protegidos por derechos de autor mediante una denuncia ante la Comisión de Propiedad Intelectual. Un Reglamento determinará la nueva estructura de Cultura mientras que la Ley ha previsto un proceso -en el caso de no desistir por vía administrativa- de un máximo de cuatro días. El titular de Justicia ha llegado a comparar el derecho a la propiedad intelectual con un derecho fundamental. Tras la aprobación hoy en el Consejo de Ministros, el paquete de medidas pasará el visto bueno del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial y continuará el trámite, junto con la Ley de Economía Sostenible. Para después del verano, se espera la puesta en marcha de toda esta maquinaria.
¿Cómo es el procedimiento?
El procedimiento es, sin lugar a dudas, llamativo. Cuando la Sección Segunda -formada por un mínimo de cuatro miembros: un juez de relevancia, un representante del sector tecnológico, un representante de los internautas y otro de los creadores- de la Comisión de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura reciba una denuncia por infracción de derechos, acto seguido notificará a la web la misma y se abrirá un periodo de alegaciones para los responsables de la página.
Una vez estudiadas esas alegaciones, si la Comisión entiende que no son suficientes, notificará oficialmente a la web que desaloje los archivos de los que está haciendo un uso ilícito y le dará un plazo para ello, dando por finalizado el proceso administrativo.
De no desistir, la Comisión será la encargada de presentar la petición de medidas cautelares ante el juez, y de recibir y tramitar las denuncias de los propietarios de los derechos de autor vulnerados. El magistrado, sin entrar en el fondo del asunto, autorizará al bloqueo de contenidos. El dueño del sitio podrá recurrir por vía judicial.
¿Quién se encarga de esta gestión?
Finalmente será la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional la encargada de garantizar la revisión judicial de las medidas restrictivas que el Ministerio de Cultura propondrá contra las páginas web denunciadas por atentar contra la propiedad intelectual. En el Ministerio creen que centralizar en un solo juzgado los procedimientos relativos a estas medidas restrictivas permitirá que la Sala se especialice y que en muy pocos meses haya una jurisprudencia consistente para decantar el mejor criterio en los casos en los que pueda entrar en conflicto la restricción de acceso a páginas web con la protección de los derechos y libertades fundamentales.
La Audiencia Nacional sólo garantizará que la medida restrictiva no daña o conculca la libertad de expresión o cualquier otro derecho fundamental protegido por la Constitución. Así, la Sala tendrá 4 días para notificar, oír a las partes y decidir si se aprueban o suspenden las medidas restrictivas propuestas por Cultura.
Reacción internauta
"Si los jueces no te son favorables, cambia el árbitro de juego", parece transmitir dicha solución. Los internautas, queremos que nunca haya una intervención previa en temas de telecomunicaciones sin que un juez lo diga mediante resolución motivada.
Mañana se reunirán en Madrid bloggers, expertos en tecnologías de la comunicación digital, juristas especialistas en derechos digitales y de autor, colectivos de creadores-productores y organizaciones de usuarios para analizar esta decisión y actuar en consecuencia. BandaAncha.eu estará presente.
